El maratón de Reynders para desatascar y despolitizar el CGPJ acaba sin compromisos

Bruselas fija una fecha límite para que España haga sus deberes en el campo de la justicia: el 1 de julio del próximo año. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, insistió durante todo el día en sus encuentros en Madrid que la Unión Europea no vería con buenos ojos que España asumiera la Presidencia de turno de los 27 durante el segundo semestre de 2023 inmersa en una doble la actual crisis institucional: tanto por la falta de renovación del Poder Judicial como por la negativa a reformar el proceso de elección de los vocales del CGPJ para que, al menos, la mitad del órgano de gobierno de los togados sea elegido por los propios jueces.

A pesar de la maratoniana jornada y de los llamamientos continuados del enviado especial, no hubo el más mínimo movimiento que haga atisbar siquiera un principio de acuerdo.

Reynders, además, dio un paso atrás y rechazó este jueves convertirse en un mediador de ese pacto para desatascar y despolitizar la justicia. El comisario, que parecía en los últimos días haberse arrogado ese papel de facilitador, rechazó la petición del PP de una reunión a tres bandas entre la UE, el Gobierno y el principal partido de la oposición para tratar de desbloquear la situación. «Es una cuestión interna en España organizar el proceso», señaló en Madrid el alto funcionario, después de que en las últimas horas Moncloa le acusara de no ser imparcial por su cercanía ideológica al PP y por tratar de situar a la oposición al mismo nivel del Ejecutivo en ese fallido encuentro tripartito. «Es una cuestión interna en España organizar el proceso», remarcó.

Sin «avances sustanciales»

Ante las asociaciones de jueces, ante el PP, ante el Gobierno. incluso ante el Parlamento, el mensaje del enviado de Bruselas fue el mismo: España no puede seguir desatendiendo sin más los toques de atención de las autoridades europeas. Y es que Reynders dejó claro a todo el que quisiera escucharle que la Comisión Europea considera grave que España no haya hecho nada después de que el informe sobre el Estado de Derecho en la UE incluyera «por primera vez» como recomendación expresa que al menos la mitad de los vocales del Consejo los elijan los jueces sin intervención política. El alto funcionario comunitarios insistió en que no ve «avances sustanciales» en las recomendaciones a España sobre la independencia judicial y que esta inacción no gusta nada en Europa.

La realidad es que el Gobierno sigue sin plantearse esa reforma. Fue el ministro del Interior y también juez el que dejó clara este jueves la postura del Ejecutivo socialista de que no quiere cambiar el sistema por mucho que presione Bruselas. Fernando Grande-Marlaska defendió el «sistema mixto» que existe en España a la hora de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ya que los jueces que optan a ocupar este puesto son «primeramente elegidos por sus pares». «Por eso hay 51 candidatos para poder ser esos 12 vocales» en el máximo órgano de gobierno de los jueces, explicó.

«Absolutamente urgente»

Pero más allá de la preocupación del Gobierno de la UE por la imagen de politización de la justicia con el actual sistema de elección del CGPJ dependiente de los pactos políticos, el mandatario belga insistió a todos en que es «absolutamente urgente» un acuerdo para a la renovación del Poder Judicial, aunque sea con el sistema actual por el cual los 20 vocales del Consejo, incluidos los 12 de procedencia judicial, son elegidos en última instancia por las Cortes.

Reynders trasladó esas prisas al ministro de la Presidencia, el interlocutor del Gobierno para las negociaciones con el PP. Pero Félix Bolaños hizo por dejarle claro que culpa de la situación exclusivamente a los populares. De hecho, en su reunión con el enviado de la comisión le entregó un documento con las «19 excusas» del partido de Feijóo para no renovar el CGJP. La nueva estrategia de Didier Reynders para forzar a un acuerdo apelando a la mala imagen internacional en puertas a la presidencia no incluyó amenazas veladas a que Bruselas pueda acabar sancionando a España por el deterioro del Estado de Derecho.

No obstante, Esteban González Pons, sí que apuntó esa posibilidad tras su encuentro con el enviado de Bruselas. «Imagine que la Presidencia española de la UE pueda empezar dentro de unos meses con un informe sobre el Estado de Derecho en España que equipare nuestro Estado de Derecho con el húngaro o con el polaco.