«Sánchez está hoy solo en el PSOE, los barones no pueden seguirle»

Se cumplen seis meses desde que Alberto Núñez Feijóo fuera entronizado por el PP para comandarlo y el líder de los populares parece hecho a la planta noble de Génova 13 en la que recibe en mangas de camisa. Con la guerra por la fiscalidad copando la agenda, Feijóo reivindica la autonomía de las comunidades, censura la reforma del Gobierno y sitúa en el ciclo electoral la cuña entre Pedro Sánchez y algunos de sus presidentes regionales.

—Con García-Page negando que usted sea un insolvente y el desmarque fiscal de Ximo Puig, ¿le han venido los barones socialistas, como Dios, a ver?

—(Sonríe) Saben que hay elecciones en meses y que se juegan su futuro. Si yo fuese un barón del PSOE intentaría tener mi propio relato, que no coincide con el del Gobierno. Decir que un presidente autonómico con cuatro mayorías es un insolvente me parece un disparate político.

—¿Esto es síntoma de algo?

—Sánchez está hoy más solo en el PSOE que hace un par de años. Y esto es síntoma de agotamiento, de sus políticas y de su liderazgo. Cualquier candidato socialista a las elecciones de mayo sabe que en la calle hay muchas dificultades para llegar a fin de mes. Y eso no puede ser, cuando este Gobierno, por la subida de precios, cuenta con el mayor incremento de recaudación fiscal de la historia. Sánchez está desconectado de los problemas de los ciudadanos y sus candidatos no pueden correr en ningún caso ese riesgo. Empieza a transmitir una cierta soledad, la de un líder ensimismado al que sus barones no pueden seguir, salvo que el suicidio político les parezca la única alternativa.

—¿Desde cuándo no habla con Sánchez sobre el estado del país?

—Desde que nos reunimos en la Moncloa, el 7 de abril.

—¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en salir de esta si el presidente y el líder de la oposición no tienen relación?

—No comparto esa aseveración. Cuando el presidente quiera hablar conmigo, estoy a su disposición. Pero este Gobierno no mantiene ningún contacto con la oposición en asuntos de Estado.

—Usted también puede descolgar el teléfono.

—Lo he hecho por escrito con las propuestas que le he mandado al presidente desde mayo sobre la inflación y la economía de las familias, Defensa y Seguridad, la renovación del Consejo del Poder Judicial o la vertebración de la política energética. Oiga, he descolgado el teléfono una vez al mes. No puedo aceptar que sea yo quien no contacta con el Gobierno.

—¿Su incomunicación no tiene arreglo?

—Mire, es que la oposición hace propuestas y el Gobierno ya no defiende su gestión y se obstina en criticar a la oposición; el mundo al revés. Quizás es que ha tomado la decisión estratégica de que eso le es más rentable.

—El Gobierno objeta que lo que pretende, en realidad, es imponerle el programa del PP.

—Lo que yo planteo es que existe un exceso de recaudación de más de 30.000 millones y que ese dinero hay que devolvérselo a la gente que lo paga. He propuesto bajar la tarifa del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros. Bueno, el Gobierno lo ha criticado de forma contundente, pero los socialistas lo han apoyado en Euskadi, lo anuncian en Valencia y el Gobierno de Cantabria también lo estudia. ¿Estoy imponiendo yo mi programa? Propuse bajar el IVA de la luz y del gas y el presidente acabó anunciándolo. El Gobierno debería copiarnos más. ¿No vamos a bajar el IVA a los alimentos básicos cuando la recaudación de ese impuesto en el sector está en mil millones más?

—Cuando dice que Sánchez sobrerrecauda, ¿le está señalando por acumular fondos para administrarlos en año electoral?

—Este Gobierno no ha sido capaz de controlar la inflación desde 2021, ya venía desorbitada antes de la guerra. Al tiempo, es el más beneficiado de los recursos disponibles. Esos ingresos tienen que volver a los contribuyentes. Y somos el país con las cuentas públicas más desordenadas de Europa, con un incremento de la deuda pública un 20% sobre el PIB. Llevamos 320.000 millones de deuda.

—Entonces, ¿qué quiere hacer el Gobierno con ese dinero?

—Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no se lo da a los ciudadanos?

—No me la devuelva, algún juicio de intenciones tendrá.

—El Gobierno está concediendo una serie de bonos y ayudas.

—Ustedes han defendido el cheque para los más vulnerables.

—Sí, es una propuesta nuestra. Ahora bien, vamos a ver a cuántos ciudadanos que no tienen relación con Hacienda les llega.

—¿Sugiere que habrá desistimientos por la burocracia?

—De momento, la eficacia será por lo menos limitada.

—¿Se equivocaron al oponerse al impuesto a las energéticas?

—En absoluto. Siempre dije que estaba dispuesto a hablarlo, pero que es un disparate ponérselo a la facturación porque los impuestos siempre van sobre los beneficios. Es el Gobierno el que deberá modificar su proyecto de ley.

—¿No han perdido el relato ante una opinión pública que no simpatiza hoy con esas compañías?

—Prefiero perder con la verdad que ganar con la mentira. Estoy de acuerdo en valorar cómo hacer el impuesto siempre que eso baje la factura de los clientes y que se aplique a los beneficios.

—¿Su no al impuesto a la banca es irreversible?

—Si no nos aseguran que no disminuirá la capacidad crediticia de los bancos ni incrementará las comisiones, no lo podemos votar. Que el Gobierno no cuente conmigo para poner más impuestos a los ciudadanos a través de intermediarios. Tenemos récord de recaudación fiscal, de aumento de impuestos, de déficit, de deuda pública. ¿Es que es progresista que tus hijos paguen la deuda?

—¿Tiene sentido prolongar la bonificación a los carburantes para toda la población?

—No me importaría que hubiese una discriminación por renta o por caballaje de vehículo. La cuestión es si se puede hacer técnicamente. Es un debate razonable. La guerra de la fiscalidad

—¿La España plural es la España de la disparidad fiscal?

—(Pausa) Resulta que cuando una autonomía decide bajar un impuesto es rebelión fiscal y cuando lo sube, no. El Gobierno no tiene el más mínimo respeto por las competencias de las comunidades salvo de aquella de la que depende, Cataluña. ¿De verdad es un problema que Andalucía, con 44.000 millones de presupuesto, rebaje el impuesto de la Renta por 400 millones y suprima el de Patrimonio por 100, cuando fue Zapatero quien lo retiró?

—Se puede plantear a la inversa: si Moreno debía eliminarlo justo ahora, cuando, además, el Gobierno les identifica como el partido de los ricos.

—Pero no cuela. Esto no es beneficiar a los ricos. Es apostar por más inversiones, más rentas, más recaudación y más servicios.

—¿Que el presidente andaluz vaya a por el inversor catalán no contraviene su discurso? ¿No es poco respetuoso con la cohesión del Estado autonómico?

—Mi partido cree en el Estado autonómico y si hay alguna manifestación que haya molestado, pues lo lamentamos porque ese no es el objetivo. Ahora bien, constatar que Cataluña tiene unos impuestos mucho más altos que el resto del país no es criticar a los catalanes, es protegerlos.

—Cuando tacha el plan fiscal del Gobierno de «insuficiente» y «punitivo», ¿le está acusando de castigar a las rentas medias?

—No lo digo yo, lo dicen los datos: las medidas dejan fuera de cualquier beneficio a las superiores a los 21.000 euros. Decir a los españoles que los que cobran 22.000 euros brutos al año, poco más de 1.000 netos al mes, son ricos es una broma de mal gusto.

—¿Está recentralizando Sánchez el Estado autonómico vía uniformización fiscal?

—Pues parece que viene a dar la razón a lo que anticipó el ministro Escrivá. Lo que ha hecho con el mal llamado ‘impuesto de solidaridad’ es dejar sin efecto la eliminación de Patrimonio por parte de varias autonomías.

—¿Lo recurrirán ante la justicia?

—Las comunidades deberán analizarlo y decidir. Pero de lo que no hay duda es de que este programa es un ataque directo a su autonomía fiscal. Si Cataluña hubiese eliminado Patrimonio, el Gobierno no habría tomado las medidas que ha tomado porque estaría en juego su supervivencia.

—Hablemos de Cataluña. La crisis entre ERC y Junts, ¿aboca a un adelanto electoral?

—Eso tendrán que dirimirlo ellos, pero a lo que aboca es a más inestabilidad y menos gobierno. El ‘procés’ ha sido un mal negocio.

—¿Sería asumible para usted un Gobierno de Aragonès con un eventual apoyo externo del PSC?

—España y Cataluña requieren estabilidad, moderación, seriedad y rigor. Y eso es justo lo que no aportan el PSOE y ERC.

—¿Se siente concernido por la advertencia del comisario Reynders de que el bloqueo del CGPJ compromete la credibilidad de la Presidencia española de la UE, una representación de país?

—La situación no es gratificante y la UE ha sido clara. Se debería renovar el Consejo de inmediato y cambiar el sistema de elección, lo que hemos propuesto por escrito. Frente a ello, el Gobierno ha intentado desacreditar al comisario y se ha enrocado en un cambio de cromos y en controlar el Poder Judicial y el Constitucional. Solo se entiende por su afán por controlar las instituciones, como acaba de ocurrir en RTVE.

—¿Y qué responsabilidad admite en la parálisis?

—Quizá seamos el único país de la UE en el que el Gobierno ha intervenido el Poder Judicial para que no efectúe nombramientos. Yo no puedo aceptar esa intervención a través de una ley que es inconstitucional. Me parece inaudito. Y sobre ese supuesto de inconstitucionalidad estamos hablando de renovar el Consejo.

—La última línea de todo esto es si buscan realmente una salida.

—Más veces no lo podemos intentar. Aceptamos no modificar la ley para renovar el Consejo con el compromiso de que se cambie después para que los jueces intervengan en la designación de parte de los vocales. Y solo establecemos unos requisitos de idoneidad para elegirlos ahora.

—¿Entiende que Lesmes haya activado su amenaza de dimitir?

—Cada uno toma sus decisiones.