El Gobierno revela a Bruselas que va a recaudar 20.500 M€ más por impuestos

El Ejecutivo ha remitido a la Comisión su plan presupuestario, anticipando que habrá que prorrogar las medidas anticrisis clara alba madrid. Mayor margen fiscal para desplegar más gasto frente a la previsible extensión de la crisis energética. Es el Plan Presupuestario que el Gobierno, ‘in extremis’, remitió ayer a Bruselas. Un documento marcado por la fuerte incertidumbre ante el imprevisible impacto de la inflación y de la guerra en Ucrania sobre la recuperación económica.

La situación ha obligado al Ejecutivo a incluir por primera vez en el texto un escenario alternativo al planteado en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado presentados al Congreso. En ese ‘Escenario 2’, que cuenta con una actualización a cierre de octubre de la recaudación prevista para este año, el Gobierno eleva su previsión de ingresos tributarios en unos 10.800 millones de euros respecto al ‘Escenario 1’ (el planteado en Presupuestos), hasta los 331.188 millones. Para 2023 hace lo propio al calcular que ingresará vía impuestos 9.600 millones más, hasta los 354.283 millones de euros. Es decir, solo con impuestos, el Estado recaudaría 685.471 millones de euros en los dos ejercicios, algo más de 20.450 millones extra.

Según reconoce el Ejecutivo, la mejora de casi 10.000 millones planteada para el próximo ejercicio viene derivada del «impacto positivo adicional de la limitación en la compensación de pérdidas en los grupos en el impuesto sobre Sociedades, así como la recaudación derivada del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas». Dos de las medidas fiscales que el Ministerio de Hacienda ya presentó a finales de septiembre y que, junto a otras —también de ahorro— permitirían recaudar unos 3.100 millones de euros. Si solo se tiene en cuenta lo que el Ejecutivo prevé ingresar con el mencionado paquete en 2023 (1.500 millones por el impuesto a los ricos y otros 244 millones por el tributo empresarial), se puede decir que los 8.000 millones restantes hasta los 10.000 extra planteados para el próximo ejercicio llegarían, bien de la mano de la recuperación económica y del positivo ‘efecto arrastre’ que la inflación ejerce sobre los ingresos por figuras como el IRPF o el IVA, o bien por otra serie de medidas no planteadas en los Presupuestos.

En todo caso, el extra conseguido tiene un destino claro. «Se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas más adecuadas, con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética», recoge el documento. Es decir, el Gobierno asume ante Bruselas que es más que probable la prórroga de las medidas anticrisis —o parte de ellas— que ya han supuesto un gasto de 30.000 millones desde junio de 2021, cuando se puso en marcha la primera rebaja fiscal a la energía para aliviar la factura eléctrica de los ciudadanos.

Además de la extensión de las ya existentes, es previsible que se adopten otras nuevas. De momento, el Consejo de Ministros aprobará el martes un paquete que, entre otras cosas, mejorará las condiciones del bono social térmico, además de establecer ayudas a las comunidades de vecinos con calefacción central. Un plan que implicará un coste de unos 3.000 millones de euros que no están presupuestados.

El Gobierno asegura contar con margen suficiente para ejecutar sus planes sin dañar la senda de reducción del déficit prevista, al 5% del PIB este año y al 3,9% el siguiente. Sin embargo, para ello resulta clave que las nuevas previsiones de ingresos se materialicen, como también que se mantenga la fortaleza del mercado laboral. Sobre todo porque existe un factor laboral que será determinante para mantener a raya el déficit estructural, aquel que está ligado directamente a las políticas discrecionales de los Gobiernos y que es el que más preocupa a Bruselas.

Y es que el Ejecutivo estima que de los 850.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social desde 2019, unos 285.000 (entre asalariados y autónomos) procederían de la economía sumergida. En torno a un 33,5% del total.

El Gobierno explica esta situación por el uso de medidas como los ertes, que ha provocado que muchos empresarios comiencen a dar de alta a empleados que antes no lo estaban para poder acogerse a estas figuras, o seguir haciéndolo si vienen mal dadas en los próximos meses. Al mismo tiempo, indican que la ejecución del Plan de Recuperación ha permitido la reducción del desempleo estructural en 510.000 personas desde 2019.

La combinación de ambos factores ha generado, a su vez, un incremento de los ingresos por cotizaciones sociales que el Gobierno estima en unos 0,2 puntos del PIB, lo que ayuda a rebajar el déficit estructural. En concreto, y partiendo de esa base de menores gastos por prestaciones y mayores ingresos por cotizaciones, se espera una rebaja del déficit estructural hasta el 3,3%.

Una cifra bastante más optimista que el 4% estimado por organismos como el Banco de España o la Autoridad Fiscal (Airef), ante el enorme desembolso al que habrá que hacer frente por la revalorización de las pensiones conforme al IPC o por la mayor carga de intereses en un entorno de subida de tipos de interés.