El PP contraataca y apunta a Sánchez como el «señor X» que negocia con Puigdemont

«¿Es usted el señor X?». Los diputados del PP que intervinieron ayer en la sesión de control al Gobierno rescataron una de las principales incógnitas de los GAL para preguntar a Pedro Sánchez y a cada uno de sus ministros si se habían reunido recientemente con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) para negociar a reforma del delito de sedición. El expresident de la Generalitat, huido de la justicia española desde 2017, deslizó el domingo que «interlocutores» socialistas habían acudido a verle para ofrecerle «un buen trato». «Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo», añadió sin dar más detalles, aunque amenazando con desvelar los nombres. Un mensaje que ha dado munición renovada a Génova para justificar la ruptura hace una semana de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no tardó en negar ya por la mañana que desde su partido se hubieran reunido con Puigdemont y aseguró que «este señor no merece ningún crédito». Sin embargo, la sombra de duda planeaba sobre el Congreso y los populares se aferraron a ella para tratar de apuntalar su relato. Las conversaciones por el Poder Judicial saltaron por los aires el pasado jueves, cuando el acuerdo era ya inminente y ambas partes esperaban el regreso a España del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial en África. Pero todo se trastocó cuando salió a la palestra la reforma del Código Penal.

La pregunta se la formularon directamente en el hemiciclo al jefe el Ejecutivo, a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al titular de Presidencia, Félix Bolaños, o incluso a la de Educación, Pilar Alegría. Todos ellos dieron la callada por respuesta y en su lugar se dedicaron a torpedear la figura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que dijeron que «no es de fiar» y al que acusaron de «incumplir la Constitución».

Los populares dejaron a un lado la cuestión económica, una de las prioridades para el partido desde que Feijóo sustituyó a Pablo Casado en la dirección del PP, y se lanzaron a una nueva ofensiva contra el Gobierno, esta vez usando la intención del Ejecutivo de reformar este delito. Se trata, en definitiva, de otra batalla con la vista puesta en las encuestas, la enésima de la legislatura, que busca dirimir quién tiene la culpa de que el órgano de gobierno de los jueces lleve cuatro años con su mandato caducado. Mientras Moncloa defiende que el objetivo es adaptar la sedición al marco legislativo europeo, la oposición señala que las leyes «se deciden en la sede de Esquerra».

El PP insistió en que el presidente del Gobierno «no es de fiar» porque «antepone» pactos con formaciones independentistas antes que acuerdos con el principal partido de la oposición. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, formuló su pregunta al presidente sobre «los problemas económicos que afectan a los españoles», pero el su réplica se lanzó a exigir a Sánchez que desista de su intención de reformar el delito de sedición para beneficiar a los dirigentes catalanes que tienen cargos por su participación en el referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. La número 2 de Feijóo acusa al Gobierno de coalición de tener «demasiadas hipotecas con aquellos que desprecian la convivencia entre todos». De hecho, recalcó que siempre que Sánchez ha tenido oportunidad de elegir, ha optado por el «populismo, el radicalismo y el independentismo».

El PP ya registró el lunes la comparecencia del presidente del Gobierno para que explique sus compromisos «personales con los prófugos de los que depende», según anunció Gamarra. Además, su formación extendió esa petición de explicaciones a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y a Félix Bolaños.

En medio de esta batalla por el relato, los populares quieren buscar dividir a Ferraz evidenciando las diferencias que, denuncian, existen en el PSOE en torno a la reducción de las penas por los delitos de sedición o rebelión. En Génova distinguen entre la actual dirección del partido y «los auténticos socialistas», todo pese a que el sábado, en la conmemoración del 40 aniversario de la primera victoria de Felipe González, tanto el expresidente como el jefe del ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page —uno de los barones más críticos con las fuerzas nacionalistas—, reconocieran que la reforma del Código Penal «no es una excusa» para romper las conversaciones por el Poder Judicial.

Pero en el argumentario del PP destaca el interés por ahondar en esta estrategia y quieren forzar a que cada barón o alcalde socialista se posicione claramente en esta cuestión. El coordinador nacional de los populares, Elías Bendodo, anunció este miércoles que su partido presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos regionales para que «los socialistas de verdad» den su opinión. Respecto a la posición de Page, dijo que este era «Sanchista por dentro y Pagista por fuera».

Con la maquinaria de guerra en tono prelectoral, Bendodo volvió a describir las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2023 como una primera vuelta de las generales. «Deben ser una meta volante y antesala de una victoria importante del PP, que dé tranquilidad a los ciudadanos en todos los municipios de España y preludio necesario para una victoria en las generales», zanjó ayer el número 3 del Partido Popular.