Feijóo halla en la sedición el resorte para auparse ante Sánchez y la derecha radical

Las dos últimas semanas no habían sido fáciles para Alberto Núñez Feijóo y su equipo. La drástica ruptura de las negociaciones con el Gobierno para acometer la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, precipitada tras una conversación con el presidente Sánchez en la que constató que este iba a seguir adelante con la reforma del delito de sedición por el que fueron condenados los dirigentes del ‘procés’ independentista, sometió al líder del PP a la presión de un doble señalamiento ante la opinión pública. El primero, el predecible, provino del Ejecutivo y del PSOE, que vieron en el reventón de las conversaciones la ocasión para sumar a la acusación de «insolvente» contra Feijóo la de «títere» a merced de Isabel Díaz Ayuso. El segundo se ancla en el espectro de la derecha política, sociológica y mediática que desdeña, ya antes de la voladura de los puentes, que el jefe de la oposición se avenga a explorar pactos de Estado con Sánchez.

La pinza entre la izquierda y los sectores liberal y conservador más radicalizados obligó a los de Feijóo al sobreesfuerzo de explicar —ante los suyos—- por qué había aguantado en la mesa cuando ya sonaban tambores apuntando a la intención de Sánchez de modificar el Código Penal tal y como le venía exigiendo Esquerra y —ante los ajenos— que si se había acabado levantando era por sentirse engañado primero por el ministro Félix Bolaños y, después, por el propio presidente del Gobierno.

El líder del PP sabía lo que Díaz Ayuso pensaba porque ella misma lo había aireado públicamente la víspera de la ruptura con el Ejecutivo. Pero que la presidenta madrileña se afanara en presentarse como el detonante de la decisión de Feijóo, con un protagonismo alimentado a su vez desde la izquierda, hizo prender en el aire la especie de que, de un lado, el jefe de filas de los populares había pecado de bisoñez ante las intrigas gubernamentales y que, de otro, había sucumbido frente al ala más inflexible de su partido, comandada por una baronesa madrileña forzada, a su vez, a contrarrestar el potente eco de la crisis en la sanidad autonómica. Y la inmediata gira de Feijóo a Latinoamérica dejó un vacío frente a la encendida actualidad doméstica, definida por el mano a mano entre el Gobierno y Díaz Ayuso y el creciente acorralamiento del ministro Grande-Marlaska por la tragedia de Melilla.

Hasta que el jueves por la noche Sánchez consumó la apuesta por la que, finalmente, no se limitará a modular el delito de sedición sino que lo suprimirá en su formulación vigente, con la que fueron encarcelados Oriol Junqueras y el resto de promotores del ‘procés’. Y Feijóo y los suyos vieron abierta una «ventana de oportunidad estratosférica», según la califican en Génova, para acaparar todo el contorno electoral constitucionalista y, también e implícitamente, para algo más: para revindicarse en «la moderación» contra Sánchez y frente a las voces de la derecha sin complejos. Ese terreno más templado en el que el cuatro veces presidente de la Xunta gallega sigue creyendo que se ganan las elecciones y con la holgura que él ambiciona ahora.

«La gente que no nos entendía ahora nos entiende», resumen fuentes del partido. En la dirección del PP están persuadidos de que la arriesgada maniobra del presidente del Gobierno dando satisfacción a las demandas del independentismo ha acabado otorgando la razón a Feijóo —ante el electorado a izquierda y derecha menos extremista— en que él hizo lo que debía al negociar una cuestión de Estado como la renovación del CGPJ con un Sánchez que ha quedado al descubierto y que ha terminado por sembrar «una desconfianza brutal». Y en que finiquitó las conversaciones cuando tuvo que hacerlo para «escapar de la trampa» de la reforma del Código Penal.

El resorte para reafirmarse que ha encontrado Feijóo en la escandalera generada en torno a la sedición lleva aparejado entre los suyos dos convicciones. Una, que la rebaja penal de hechos homologables a los del desafío secesionista de 2017 puede reforzar a los socialistas en Cataluña, pero que no les suma nada en el resto de España. Más allá de las apelaciones al «deber moral» de los barones del PSOE y ahora de sus diputados en el Congreso de rebelarse contra «el ataque» al orden constitucional, los populares no esperan que la revuelta coja vuelo. Pero creen que, en todo caso, ellos ganan: «Los que se posicionan contra la reforma de Sánchez nos dan relato; y los que la apoyan nos dan votos».

La segunda es que el presidente y el Gobierno se van cociendo en la salsa que engorda al superponerse una crisis sobre otra, con el test a fecha fija de las autonómicas y municipales del mes de mayo. El equipo de Feijóo augura que el examen reflejará el avance del PP en todas las comunidades más pobladas, incluida Cataluña.

El CEO de la Generalitat concedía esta semana entre 11 y 16 escaños a los populares en unas autonómicas, es decir, en la senda de recomponer su espacio recuperando votantes de Ciudadanos, Vox y la abstención. Unas encuestas que Génova ve, también, como un motivo para reivindicar su estrategia de «hostilidad hacia el independentismo, pero respetuosa con las singularidades catalanas».