Sánchez suaviza el impuesto a las energéticas
El Gobierno cede y afloja la presión sobre las compañías energéticas. La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso aprobó el jueves dos enmiendas del PNV y PDeCAT por las que tanto el negocio regulado como los ingresos generados fuera de España se librarán del impuesto al sector con el que el Ejecutivo aspiraba a recaudar 4.000 millones de euros en dos años, gravando al 1,2% su facturación.
El acuerdo alcanzado entre los grupos y los socios de coalición implica que el gravamen no se aplicará sobre ningún tipo de suministro a precio reglado. El texto menciona en concreto la tarifa de último recurso (TUR) del gas y del gas licuado (GLP), el PVPC de electricidad, así como «los ingresos regulados de redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural». En el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorio no peninsular «todos los ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico» también quedan exentos. Las enmiendas suponen un cierto respiro para las compañías afectadas, ya que forman parte de sus propias demandas planteadas hace varias semanas.
Ls energéticas habían sido especialmente críticas con el impuesto desde su anuncio, sobre todo por la decisión de aplicar el tributo sobre los ingresos, en vez de seguir la vía europea que lo ciñe a los beneficios extraordinarios. Tras asumir que finalmente impactaría en la cifra de negocio, el sector llevaba semanas reclamando dejar a un lado la parte regulada, como finalmente ha ocurrido. Endesa, por ejemplo, había cifrado en unos 400 millones de euros el impacto de esta carga, que ahora se verá notablemente reducida al generar prácticamente todo su negocio en España. Iberdrola también decidió reservarse esa cantidad para hacer frente al impuesto. Hacienda también ha cedido ante sus socios parlamentarios Bildu y ERC, que reclamaban convertir en permanente este impuesto y el que se aplicará a la banca hasta 2024. El Gobierno se ha comprometido a elaborar un informe para valorar esta posibilidad y, respecto a las negociaciones con el grupo vasco, se ha pactado que las haciendas forales vascas y navarras tengan la opción de gestionar estos nuevos gravámenes.