El abogado de Puigdemont alardea de que tras el fin de la sedición «todos van a volver»
El juez mantiene la malversación agravada y el Supremo da un plazo de 8 días a las partes para que presenten alegaciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en un acto económico. KIKO HUESCA
Tres días después de declarar la independencia, Carles Puigdemont marchó a Bruselas. Lo hizo en el maletero de un coche, después de pedir a los miembros de su Gobierno que el lunes 31 de octubre de 2017 fueran a sus despachos en las consejerías a defender el Govern que había destituido Mariano Rajoy aplicando el 155. Ese mismo día, la Fiscalía presentó una querella contra todo el Gobierno catalán por rebelión y malversación. Empezaba la huida europea del expresidente de la Generalitat. Han pasado más de cinco años y desde entonces, el dirigente nacionalista ha conseguido burlar el cerco de la justicia española, que ha intentado sin éxito extraditarlo desde Bélgica, Alemania o Italia. Puigdemont ha amenazado unas cuantas veces con regresar, pero siempre ha dicho que solo lo hará si los tribunales europeos le dan la razón.
Su abogado, Gonzalo Boye, se mostró ayer «convencido» de que el expresidente podrá hacer este año el camino de vuelta a casa. Es más, dijo que «todos van a volver». En el caso del líder de Junts, el letrado situó su posible retorno tras febrero o marzo, cuando se conozcan las resoluciones que tiene pendientes en la justicia europea. La justicia española emitió la primera orden europea de detención el 3 de noviembre de 2017.
Malversación agravada
El magistrado Pablo Llarena, que instruye en el Supremo la causa del procés, ha aplicado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la derogación del delito de sedición, pero mantiene su procesamiento por desobediencia y por malversación agravada, castigado con una pena de hasta 12 años de prisión.
La decisión de Llarena coincide con la entrada en vigor este jueves de la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición, que sustituye por uno de «desórdenes públicos agravados», y que reduce asimismo algunas penas del delito de malversación, lo que obligará al Supremo también a revisar la sentencia del «procés».
De hecho, horas después de hacerse público el auto de Llarena, el tribunal que juzgó a los líderes independentistas catalanes ha dado un plazo de ocho días a las acusaciones y a las defensas para que presenten «las alegaciones pertinentes» sobre cómo creen que afecta a la sentencia la reforma.
Hasta que eso ocurra, la decisión de Llarena permite intuir el camino, porque el magistrado ha dictado un auto en el que sostiene que la derogación plantea un «contexto cercano a la despenalización» de los hechos investigados al no encajar en desórdenes públicos y porque tampoco se puede aplicar este delito sobre hechos cometidos antes de su entrada en vigor.
En cambio aprecia malversación agravada, al sostener que sí que existió ánimo de lucro en el «procés», una interpretación lejana de la intencionalidad política que buscaba esta reforma.
Precisamente, la defensa de Puigdemont destaca que la malversación dificulta su entrega a España aunque insiste en que si el Tribunal General de la Unión Europea le concede la inmunidad como eurodiputado, volverá, si bien no pone fecha a esa hipotética vuelta. Llarena, además, deja sin efecto las euroórdenes actuales por sedición y pospone su decisión de emitir nuevas euroórdenes y órdenes internacionales de detención contra Puigdemont, así como contra los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, a que el TGUE decida sobre la eventual retirada de la inmunidad parlamentaria de los dos primeros, y a que el Tribunal europeo de Justicia resuelva la cuestión prejudicial del Supremo.
Sí que acuerda una nueva orden nacional de busca y captura e ingreso en prisión para ellos por malversación y desobediencia, al tiempo que precisa que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exconsellera Clara Ponsatí pasan a estar procesadas solamente por desobediencia, que no conlleva pena de prisión, lo que abre la puerta a su regreso a España.
Y respecto de los líderes del «procés» condenados, el Supremo tiene pendiente revisar la sentencia con la más que previsible petición de absolución de las defensas de aquellos que solo fueron condenados por sedición, mientras que confían en que los que lo fueron también por malversación vean sus penas muy rebajadas.