La Fiscalía recurre el auto de Llarena, que no quiere aplicar el nuevo delito a Puigdemont
Pide acusar a los líderes independentistas de desórdenes públicos y no simple desobediencia
La estrategia del Gobierno de reformar el Código Penal para habilitar cuanto antes a Oriol Junqueras y allanar el camino a la vuelta de Carles Puigdemont comienza a naufragar. Y es que los fiscales del ‘procés’, entre durísimas críticas a la decisión de Moncloa de modificar de manera exprés la legislación para favorecer a los independentistas, recurrieron ayer el auto del juez Pablo Llarena por entender que es demasiado benévolo con los condenados y huidos, ya que el 1-O no se ha «despenalizado» a pesar de las modificaciones penales promovidas por el Ejecutivo.
Ese escrito tiene la bendición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que visó personalmente tanto el informe como los ataques directos que éste contiene al Gobierno de Pedro Sánchez por «debilitar la protección del Orden Constitucional» con la desaparición de la sedición.
Los representantes del Ministerio Público creen, a diferencia del instructor, que sí que cabe acusar a los políticos independentistas de un delito de desórdenes públicos agravados, el ilícito de introducido por el Ejecutivo en lugar de la desaparecida sedición, por lo que el expresidente de la Generalitat y los otros dos huidos acusados hasta ahora de este delito (Toni Comín y Clara Ponsatí) se enfrentarían a una posible pena de prisión y de inhabilitación de hasta cinco años de cárcel.
«La desaparición de los tipos penales de sedición no equivale a una despenalización de todos los hechos antes subsumibles en ellos ni, en concreto, comporta la despenalización de los hechos que motivaron la condena por ese delito», recalca el escrito del Ministerio Público.
El delito de desobediencia es un ilícito sin pena de cárcel y que sólo lleva emparejado una multa y la inhabilitación. Varios de los condenados por sedición y luego indultados pasarían ahora a no tener absolutamente ningún reproche penal.