Junqueras pide al Supremo la absolución tras la reforma penal que derogó la sedición

El ex vicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, así como el ex consejero Raul Romeva y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, ha solicitado este martes al tribunal que le condenó a 13 años de cárcel e inhabilitación por el ‘procés’ que le absuelva como consecuencia de la revisión de condena que el Tribunal Supremo (TS) debe llevar a cabo a causa de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. «El texto del Código Penal vigente es más favorable, al no prever responsabilidad penal para ninguna de las conductas por las que recayó condena en su día», dice Junqueras en su escrito de alegaciones.

En consecuencia, su defensa pide al tribunal del ‘procés’ «revisar la condena impuesta a mi mandante y dictar resolución por la que se declare la inexistencia de responsabilidad penal por los hechos probados descritos en la sentencia de 14 de octubre de 2019». El ex vicepresident vuelve a denunciar «una aplicación imprevisible y desproporcionada de la reacción penal a hechos que se producen en ejercicio de derechos fundamentales, derechos que han sido violados o indebidamente limitados para la consecución de fines distintos de los que habilitarían dichas limitaciones».

El tribunal del ‘procés’ deberá revisar las penas impuestas en 2019 para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados, tal y como fija la propia norma en su artículo 2. Aunque el Supremo ha emplazado a las partes a que se pronuncien, será el tribunal —presidido por el magistrado Manuel Marchena— quien decida finalmente cómo queda la sentencia.

Por su parte, el expresidente de Òmnium Jordi Cuixart rechaza la revisión de su sentencia por el 1-O por parte del Tribunal Supremo al considerar que no «repara» derechos fundamentales que le fueron «vulnerados» como los de la libertad de expresión o de reunión, y mantiene su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuixart rechaza que se le revise la sentencia del «juicio a la democracia» por la que fue condenado a 9 años de prisión por el delito de sedición, puesto que «no reconoce, ni repara, ni establece garantías de no repetición de la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado» hacia su persona.

Para el exdirigente de Òmnium, el procedimiento judicial contra los líderes del «procés» supuso, dice el escrito, una «vulneración gravísima» de derechos fundamentales de «reunión, libertad de expresión y libertad ideológica» en defensa del derecho de autodeterminación, que una revisión de la condena «no repara».