Podemos reclama topar las hipotecas variables de menos de 300.000 euros
Quiere que el Gobierno apruebe la medida durante un año para frenar el impacto del euríbor
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y la secretaria de acción institucional, Teresa Pérez. FERNANDO VILLAR
Unidas Podemos mantiene su intención de proponer al PSOE que se tope el incremento de las cuotas de las hipotecas de tipo variable con una cuantía inferior a 300.000 euros durante un año, para contener así el efecto en los bolsillos de parte de la ciudadanía del aumento de los tipos de interés y el euríbor.
En una conferencia de prensa, el portavoz de la formación, Pablo Fernández, abogó ayer por poner un tope del 0,1 % al diferencial sobre el euríbor de todas las hipotecas de tipo variable con cuantía total inferior a los 300.000 euros.
En este caso, la medida se aplicaría a todos los préstamos de este tipo de menos de 300.000 euros durante el plazo de un año, que se podría prorrogar en periodos sucesivos de seis meses hasta que el euríbor se situase por debajo del 1,5 % durante tres meses consecutivos. Actualmente supera el 3 %.
Con este límite, Unidas Podemos asegura que se garantiza que «ningún contrato hipotecario afectado por el tope produce pérdidas para el banco», sino que «reduce los beneficios al mínimo durante el periodo previsto».
Podemos retoma esta propuesta después de que las ministras de Trabajo y de Derechos Sociales, Yolanda Díaz y Ione Belarra, respectivamente, reclamasen la semana pasada la congelación de las hipotecas ante los beneficios récord que presentaron las principales entidades financieras españolas.
La gran banca española —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja— obtuvo un beneficio conjunto récord de 20.850 millones en 2022, lo que supone un 28 % más que en 2021 una vez descontados los impactos extraordinarios de entonces. Tras estos resultados, las entidades tendrán que abonar más de 1.100 millones por el nuevo impuesto que aprobó el Gobierno para el sector.
Ante esta situación de «expolio financiero de abajo hacia arriba», Unidas Podemos considera que la tarea de cualquier gobierno «progresista» pasa por «revertir la situación, restaurar la justicia social y reparar los estragos que dicha dinámica extractiva provoca sobre el consumo y, por lo tanto, sobre el crecimiento económico».
El partido morado considera que el código de buenas prácticas sobre préstamos hipotecarios impulsado por el Ejecutivo y el sector bancario es «del todo insuficiente» debido a que su alcance va a ser «enormemente limitado».
A la medida se opone la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que abogó ayer otra vez por analizar el recorrido de las medidas ya impulsadas para paliar el efecto de la subida de tipos de interés en las hipotecas a tipo variable antes de tomar otras adicionales.
En declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el ministro de Finanzas portugués, Fernando Medina, Calviño rehusó valorar la propuesta lanzada por Unidas Podemos sobre congelar las hipotecas.
Eso sí, la vicepresidenta remarcó que el Ejecutivo «analiza y considera» todas las propuestas que llegan, «ya sea del socio de gobierno, en este caso de Unidas Podemos, del Partido Popular, de una asociación de vecinos o de un agente social».
«Tenemos que tratar de tomar las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto colateral negativo o distorsionen también un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos, en este caso aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca tipo fijo y a tipo variable», señaló la vicepresidenta primera.
La responsable económica del Gobierno recordó que se ha puesto en marcha un protocolo de buenas prácticas con el sector financiero que incluye, por ejemplo, la eliminación de los costes por amortización anticipada de los créditos hipotecarios durante este año 2023, la eliminación de los costes por la transformación de una hipoteca tipo variable a tipo fijo, una congelación parcial del pago de intereses para determinadas familias y una ampliación de todo el régimen especialmente de protección para los ciudadanos más vulnerables. Calviño destacó que en pocos días se cumplirá un año desde que el Ejecutivo llegó a un acuerdo de buenas prácticas bancarias para los ciudadanos mayores y con discapacidad.