La norma estrella de Irene Montero que se convirtió en un calvario para el Gobierno
La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como del ‘solo sí es sí’, estaba llamada a ser la norma estrella del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, y una medida de la que presumir para Unidas Podemos en su estreno en el Consejo de Ministros del primer Ejecutivo de coalición de la democracia. Pero las divergencias entre socialistas y morados desde el inicio de su tramitación y las más de 400 rebajas de condena a delincuentes sexuales en juzgados de todo el país la han convertido en el hito más tortuoso para las dos alas del Gobierno a lo largo de la legislatura.
Para encontrar el germen del ‘solo sí es sí’ hay que remontarse a julio de 2018, un mes después de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Unidas Podemos, entonces fuera del Gobierno, registró una proposición para dar respuesta al debate público surgido sobre la necesidad de consentimiento para determinar delitos sexuales que abrió la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el caso de La Manada. La propuesta quedó en un cajón hasta que los morados entraron en el Gobierno en enero de 2020, de la mano de un pacto de investidura con el PSOE en que la propuesta de ley ya aparecía recogida en uno de los acuerdos en el que ambos partidos se comprometían a «blindar que solo sí es sí». De aquella frase derivaría el nombre popular de la norma.
Igualdad se puso en marcha para poder presentar el anteproyecto como un logro el 8-M de aquel año. Pero a pocas semanas de la celebración del Día de la Mujer, que quedó marcado por la pandemia de la covid-19, surgieron las primeras dudas por parte del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que mostraron objeciones por «deficiencias técnicas».
Aniversario de La Manada
El 6 de julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el ‘solo sí es sí’. No era una fecha baladí: se cumplía un lustro desde que los integrantes de La Manada agredieran sexualmente a su víctima en los Sanfermines. Se inició entonces una tramitación parlamentaria marcada por las dudas de los aliados del bloque de investidura sobre la posible rebaja de condenas, que Igualdad negaba, y por el informe del Consejo General del Poder Judicial que advertía del riesgo de modificar las penas altas. La norma finalmente entró en vigor el 7 de octubre y ese mismo día un profesor condenado a seis años y nueve meses por abusos sexuales a sus alumnos fue puesto en libertad. La excarcelación fue ordenada por la Audiencia de Madrid porque la nueva ley establecía penas menores.
Desde Bali, Pedro Sánchez avaló la norma para intentar evitar la fractura en el Gobierno por la vía de esperar a la Fiscalía y el Supremo. Pero el goteo de beneficios a condenados y las excarcelaciones se hizo insoportable para el Gobierno. Sánchez empezó a alentar la reforma en los corrillos del Día de la Constitución y el 8 de diciembre, en secreto, socialistas y morados iniciaron la negociación para modificarla. La falta de acuerdo se saldó ayer con la presentación del PSOE de una proposición, sin la firma de Podemos, para endurecer las penas con violencia o intimidación. Algo «intolerable» para la formación de Belarra, que acusa a su socio de «regresar al Código Penal de La Manada» y amenaza con «hacer todo lo posible» por evitar que salga adelante.