El Gobierno asume que no habrá ya nueva ley de secretos oficiales esta legislatura

El Gobierno ya asume que tampoco esta legislatura va a haber una nueva ley de secretos oficiales y que la actual normativa franquista, que cumple 55 años, seguirá vigente bastantes años más. Las prisas de Moncloa en primavera y verano de 2022 tras el escándalo del espionaje con ‘Pegasus’ se han tornado en una calma chicha, ya que en el Ejecutivo —según reconocen— son muy conscientes de que sus socios se muestran reacios a dar su apoyo al anteproyecto de Ley de Información Clasificada en su redacción aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto. Y no sólo eso, también el texto actual, según han denunciado los órganos consultivos, adolece de importantes fallos, que harían necesario un repaso a fondo del articulado.

Más de seis meses y medio después de que el proyecto estrella del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comenzara su andadura de manera exprés —se tramitó por procedimiento de urgencia y se redujo a solo siete días hábiles el plazo para presentar alegaciones por parte de ciudadanos y organizaciones— en el Gobierno admiten que no hay siquiera fecha para que el anteproyecto vuelva al Consejo de Ministros. Y que todo apunta a que el séptimo intento de las dos últimas décadas por sacar adelante una nueva ley va a ser también fallido.

Los jueces, en el objetivo

En el Ejecutivo responsabilizan principalmente del retraso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que todavía no ha entregado su informe preceptivo, pero diversas fuentes consultadas reconocen que, en cualquier caso, no hay mayoría para sacar adelante el texto llamado a sustituir a la norma de 1968 y que debía acabar con los eternos secretos de Estado.

Es más, en el seno de los partidos del Gobierno hay claras diferencias. Unidas Podemos —como ERC, PNV, Bildu o Junts— no está dispuesto bajo ningún caso a dar su voto a las cuestiones más controvertidas del nuevo texto, que además son los temas medulares de la nueva ley. En medio año —coinciden en señalar diferentes fuentes parlamentarias— no habido ningún acercamiento sobre la negativa de los socios a apoyar que los altos secretos puedan mantenerse clasificados durante 50 años, ampliables a 65.

Los recelos de los pequeños

Los minoritarios ven con recelo la enorme cantidad de autoridades e instituciones que pueden decretar secretos, incluidos policías autonómicas o embajadores; la falta de concreción de materias que pueden ser clasificadas, por simples «intereses económicos» o industriales» o materias de «servicios públicos»; o el hecho de que el texto no incluya la desclasificación automática de los secretos anteriores a la entrada en vigor de la ley, cuya revelación dependería del Gobierno de turno.

El PSOE sabe que esos extremos no molestan al PP ni a Ciudadanos, pero, a las puertas de las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo, ven inviable llegar a un acuerdo con los de Feijóo. Máxime porque entienden que los populares venderían «muy caro su apoyo», hasta el punto de dar la vuelta al proyecto de Bolaños basándose en las duras críticas contra el anteproyecto que ya han hecho los órganos consultivos. De hecho, el Consejo Fiscal ha avisado ya de que el anteproyecto debe mejorar porque la redacción actual facilita que las policías autonómicas oculten información al Ejecutivo al recibir nuevas competencias para contar con un régimen similar al del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El informe fiscal llega al punto de considerar «particularmente desmedido» que «se concedan facultades de clasificación» a quienes ocupen Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las autoridades autonómicas competentes en materia de policía. Dotar a todas estas autoridades de esas competencias «podría equivaler en la práctica a dotarles de unas posibilidades de actuación en un régimen de secreto similar al de la dirección del CNI», ha denunciado la Fiscalía.

El veredicto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGTB) tampoco es mejor. Afirma que el texto de Bolaños con su carácter expansivo supera las «previsiones constitucionales» y supone una reforma encubierta de la ley de Transparencia de 2013. El informe denuncia que «la extensa relación» de temas que pueden ser clasificados según el texto del Gobierno «excede, en todo o en parte», los límites de la seguridad y la defensa nacional, que son «los bienes jurídicos cuya protección frente a daños derivados de una revelación no autorizada» justifica la ley.