Piden imputar a los exjefes de ETA por genocidio en el atentando de Santa Pola

La Asociación Española contra la Impunidad y para el Avance de los Derechos Humanos ha presentado una querella en la Audiencia Nacional donde pide al juez Manuel García Castellón que investigue a los seis ex jefes de ETA imputados por el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002 en Santa Pola por una «política de genocidio en grado de tentativa». Se trata del segundo atentado de la organización terrorista que la asociación pide investigar como parte una «política de genocidio en grado de tentativa» llevada a cabo por ETA a través de sus múltiples acciones, algo que «hasta ahora no ha quedado debidamente reconocido ante los tribunales de Justicia en España», según expone la querella.

Ya lo planteó por primera vez la semana pasada ante el mismo Juzgado Central de Instrucción Número 6 por el atentado perpetrado en el año 2000 en Sallent de Gállego (Huesca), en el que murieron los guardias civiles José Angel de Jesús e Irene Fernández, la primera mujer de la Benemérita que perdió la vida por ETA. Una bomba-lapa con 10 kilos de explosivo hizo saltar por los aires el coche con el que se disponían a comenzar su servicio. Ahora, la asociación acude a García Castellón solicitando su personación en la investigación abierta por el atentado en Santa Pola, que le costó la vida a un hombre de 57 años y de una niña de 6 años, hija de un agente de la Benemérita, para poder ejercer la acusación popular.

Por esta acción terrorista, el juez instructor ya imputó a Juan Antonio Olarra Guridi, alias ‘Juanvi’; Ainhoa Múgica, ‘Olga’; Félix Ignacio Esparza, ‘Navarro’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’. La asociación sostiene que se debe investigar a esos seis ex jefes de ETA «por los asesinatos terroristas consumados en relación concursal y de conexidad con un delito de genocidio en grado de tentativa»

NO FUE UNA «MASACRE AISLADA»

La asociación esgrime que los crímenes de ETA presentan «las tres más claras notas definitorias de un contexto de puesta en práctica de políticas de genocidio»: la existencia de un grupo perseguido cuyo liderazgo está «en el punto de mira»; «la eliminación mediante masacres y asesinatos selectivos» de las fuerzas del orden llamadas a proteger a dicho grupo; y «la expulsión o huida» del territorio del resto del grupo. Así, estima que la acción terrorista en Santa Pola «en ningún caso puede ser abordada como una masacre desconexa o aislada», sino que debe entenderse «como parte de una larguísima cadena anterior, y que continuaría posteriormente». La querella argumenta que ni éste «ni ningún otro asesinato de ETA posterior al 24 de mayo de 1976, «327 de los 379 asesinatos impunes de ETA», puede considerarse prescriptible. La asociación se apoya en la jurisprudencia del TS según la cual cuando hay dos delitos conexos, el plazo de prescripción debe ser el del más grave.