La fiscal pide 6 años para Borràs, que denuncia haber sido «criminalizada»

El juicio contra Laura Borràs quedó ayer visto para sentencia, tras el alegato final de la dirigente nacionalista y las conclusiones definitivas de las partes. En la última sesión, el Ministerio Público mantuvo la petición de seis años de prisión, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros para la expresidenta del Parlament, por los delitos de prevaricación y falsedad documental. En un principio fue acusada también de malversación pero ese delito decayó antes del juicio, cuando fue procesada, suspendida como diputada y apartada de la presidencia del Parlament.

Todo lo que no sea salir absuelta supondrá el final de la carrera de la actual presidenta de Junts, arropada ayer por sus entorno más estrecho en el partido y por el expresident Quim Torra. Su abogado, Gonzalo Boye, pidió la absolución y cuestionó que haya tenido un juicio justo. «Se ha pasado del a por ellos al a por ella», afirmó, como parte de lo que entiende como una campaña de acoso y derribo contra la dirigente nacionalista por su ideología. La propia líder de Junts, en el alegado final, se presentó como una víctima del «’lawfare’» (persecución judicial). Dijo que es inocente, negó haber fraccionado contratos y denunció que se le ha querido «criminalizar» como una «corrupta» para «perdudicarla política y personalmente».

Soy una persona íntegra», aseguró.

Borràs está acusada de beneficiar a un amigo, Isaías Herrero, al que adjudicó contratos presuntamente a dedo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre 2013 y 2017. Más tarde fue nombrada consejera de Cultura, portavoz de Junts en el Congreso y presidenta del Parlament. Ahora se enfrenta a seis años de cárcel. No así los otros dos acusados, el propio Herrero y Andreu Pujol. La Fiscalía rebajó ayer la solicitud de penas para ambos. Para el primero, reclamó dos años de prisión, cuatro menos que al inicio del juicio, por los mismos delitos que Borràs. Para Pujol pidió un año y dos meses de cárcel, cuando en un principio solicitaba tres años. Para ambos, dijo que aplica el atenuante de confesión. Los dos reconocieron los delitos, ayudaron a esclarecerlos y admitieron la participación de los tres acusados en los hechos. Pacto confirmado De esta forma, se confirmó el pacto suscrito entre la Fiscalía y los abogados de Herrero y Pujol, que en su declaración en el juicio inculparon a Laura Borràs. Lo hicieron también funcionarios del ILC. Borràs, en cambio, descargó las culpas en sus subordinados. «Solicitamos sentencia condenatoria para los tres acusados», afirmó la fiscal del caso. «Han quedado acreditados los hechos juzgados y dos de los acusados los han reconocido», aseguró. Sus abogados mostraron su conformidad con la petición de la Fiscalía.