Casero deja el PP pero no el escaño al borde de ir a juicio por corrupción
Alberto Casero está a un paso del banquillo. El Tribunal Supremo actuó este viernes contra el que fuera fontanero de Génova durante la etapa de Pablo Casado y que saltó a la fama por el error, fatal para los suyos, en la votación hace una año de la reforma laboral en el Congreso, tras apreciar presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en relación con cinco contratos de adjudicación que firmó entre 2017 y 2018 durante su etapa como alcalde de Trujillo. En su auto, el instructor Andrés Palomo da diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral formulando su escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Tras conocerse la decisión judicial, Casero solicitó ‘motu proprio’ a Génova la suspensión de militancia, según han confirmado fuentes del partido. Pero no entregará su acta y seguirá como diputado no adscrito -el Constitucional ya falló que el escaño no pertenece al partido sino al parlamentario- para mantener su aforamiento ante el alto tribunal. El abandono de su sigla evita un disgusto a los de Feijóo con la corrupción de vuelta a la escena política española.
El hasta ahora diputado del PP se adelanta así a su partido, que anunció en junio que tomaría medidas contra él si el juez le llevaba a juicio tal y como establecen los estatutos del partido.
Fue en junio cuando Casero llegó a reconocer en su declaración voluntaria ante el Supremo que pudo haber irregularidades o problemas administrativos en los contratos que se le imputaban, pero negando las actuaciones que se le achacan para haber incurrido en prevaricación o malversación.
El instructor del Supremo, sin embargo, no opina lo mismo y considera que la conducta del exalcalde de Trujillo encaja dentro del delito de prevaricación administrativa. El juez cree acreditado el «voluntarismo» de su proceder con «con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios». En paralelo, Casero se enfrenta a la imputación por otro ilícito, el de malversación.