De Mediador a Roldán en León: dos grandes tramas de corrupción en la Guardia Civil

La Guardia Civil vuelve a estar en el punto de mira. La investigación sobre las posibles irregularidades en la adjudicación de obras en cuarteles afecta a casi 200 proyectos y salpica a 13 comandancias distintas. Todas las actuaciones que ahora se discuten fueron dadas al empresario canario Ángel Ramón Tejera entre 2014 y 2019 por más de 2,6 millones de euros.

No hay de momento ninguna sospecha sobre las ramificaciones de este caso en la provincia. Sus tentáculos se extienden por Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Valladolid y Toledo. La trama está intimamente ligada a la del ‘Tito Berni’, el diputado socialista que utilizaba el Congreso como su centro de operaciones y había tejido una red clientelar que cosía con fiestas, prostitutas, cocaína y mordidas.

El escándalo es para la la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el «mayor problema de corrupción» en el cuerpo desde los tiempos de Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil que se fugó de España y fue detenido en Tailandia. Le condenaron por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa.

30 años atrás

Han pasado casi 30 años desde aquel 27 de febrero de 1995, cuando lo arrestaron. Un año antes toda su gestión saltó por los aires. Entonces sí que salpicó a León. La Dirección General de la Guardia Civil ordenó a mediados de febrero de 1994 que se revisara la adjudicación, que bajo el mandato de Luis Roldán, había hecho de una obra valorada en 544 millones de pesetas (más de 3 millones de euros) para intervenir, según se justificó en aquel momento, en la segunda fase de mejora de varios edificios de la Comandancia de la Guardia Civil de León.

Lo sospechoso era que el proyecto no figuraba en ningún sitio y no existía ninguna previsión sobre esos arreglos en el cuartel del Paseo del Parque. Todo lo que rodeaba a Luis Roldán estaba bajo el escrutinio de la justicia y todavía hoy hay muchas zonas de sombra en relación a uno de los casos de corrupción más mediáticos que se han registrado en España. Se han escrito libros y rodado varias películas y documentales sobre este asunto.

Lo que se está conociendo estos días está lejos de esos niveles de corrupción, sobre todo por el cargo que ocupaba el condenado y por las ramificaciones políticas que tenía, pero el ‘Caso Cuarteles’ va camino de convertirse en una piedra de grandes dimensiones en el zapato de la Guardia Civil. Hay alto cargos que, seguramente, van a sentarse en el banquillo. De momento asuntos internos investiga a unos cuantos.

Fuentes policiales conocedoras de la investigación han confirmado que la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha ampliado la lista de investigados en el procedimiento en el que ya figuran dos mandos de la Guardia Civil y dos empresarios. Las mismas fuentes han precisado que el nuevo mando imputado declaró en sede policial, pero todavía no ha sido citado a comparecer ante la juez instructora en sede judicial.

En concreto, permanecen imputados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue subdirector general de apoyo del Instituto Armado; el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017; el empresario Salvador Gutiérrez; y el empresario constructor Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, que además aparece en el sumario del caso ‘Mediador’ como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, quien permanece en prisión preventiva.

Fuentes jurídicas han explicado que la titular del juzgado madrileño a cargo de la investigación, la magistrada María Isabel Durántez, intenta esclarecer si el importe destinado a las reformas de las comandancias de la Benemérita se corresponde con los trabajos realizados y que —aunque encargó un informe pericial el año pasado— hasta el momento permanece a la espera de las conclusiones de los expertos.

La investigación que se instruye ahora en Madrid procede de unas diligencias penales abiertas en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil.

No fue hasta 2021 que dicho juzgado se inhibió al considerar que no era competente porque el teniente general investigado tenía la sede oficial en Madrid. Así las cosas, la causa la asumió el juzgado madrileño, en el que hasta ahora no se ha tomado declaración a ninguno de los cuatro investigados, según han señalado las fuentes consultadas.