La guerra de las pelotas amenaza con enterrar la reforma de la ‘ley mordaza’

Este martes en la Comisión de Interior del Congreso va a tener lugar una reunión clave para determinar si esta legislatura alumbrará finalmente una reforma de la ley mordaza . Los diputados deberán decidir si envían a Pleno un texto para la modificación de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana del PP de 2015. Aunque los seis partidos favorables a la reforma se han reunido en más de cuarenta ocasiones, lo cierto es que más de quince meses después no hay un acuerdo.

Si bien las diferencias persisten en qué debe entenderse por desobediencia a los agentes y por falta de respeto a los funcionarios, los escollos en estos dos puntos no son insalvables entre el Gobierno y sus socios. El meollo del enfrentamiento está en las devoluciones en caliente, dado que el Ministerio del Interior ahora se niega en redondo a prescindir de esta herramienta, y sobre todo en el uso de las pelotas de goma.

En la guerra de las bolas de caucho hay a día de hoy dos bandos perfectamente diferenciados: No abolicionistas y abolicionistas. Por un lado están el PSOE, Unidas Podemos y PNV, que apuestan por no prohibir el uso de este material antidisturbios. Y de otro lado, ERC, EH Bildu y Junts que solo contemplan apoyar la reforma de la ley de seguridad ciudadana si en el nuevo texto se veta taxativamente la utilización de estas pelotas en todo el territorio nacional y sin matices.

La clave es que, habida cuenta de que se da por descontado el voto en contra de la reforma de PP, Vox y Ciudadanos, al menos la abstención de ERC y Bildu son indispensables para que la Comisión mande al Pleno el texto y la reforma no muera este mismo martes sin siquiera ser debatida en el hemiciclo.

¿Pero cuáles son las claves de esta guerra? Aunque en algún momento al inicio de la legislatura en el Grupo Socialista se planteó la prohibición de las pelotas, lo cierto es que en noviembre de 2021, cuando el PSOE pactó con Podemos un texto para tratar de volver a impulsar la reforma, no lo hizo.

Las presiones del Ministerio del Interior hicieron que los partidos del Gobierno solo propusieran que la ley prometiera la elaboración de «protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales» sobre el uso de la fuerza y el empleo de material antidisturbios para «utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables». Y nada más.

Aquella propuesta fue un jarro de agua fría para ERC, Bildu y Junts, que daban por seguro que UP nunca iba a presentar un proyecto que no fuera directamente la prohibición de las bolas. Desde entonces las posiciones no han cambiado demasiado. El PNV intentó situarse entre ambos bandos y planteó seguir el ejemplo del Gobierno vasco, que ha limitado tanto su uso que en realidad lo hace casi imposible. En noviembre otra propuesta de UP intentó desbloquear las negociaciones con la promesa de crear en seis meses una comisión presidida por el Defensor del Pueblo para abordar la «desaparición» de las bolas. Pero nadie la apoyó.

Tampoco los socialistas.