La jueza ordena la apertura de juicio oral contra Ramón Luis Valcárcel
El Fiscal solicita penas que suman 11 años de prisión y conllevan 20 de inhabilitación
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en auto notificado, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el ex presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación por la «adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipación de compra del 39% de acciones de Desa en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la Carm».
En su escrito de acusación, el Fiscal solicitaba penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa que multiplica por seis el dinero presuntamente defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado. Por último, Murcia como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito. Tanto el Ministerio Fiscal como la Carm, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora. E la parte dispositiva, se requiere al acusado para que preste fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.