El informe del CGPJ señala deficiencias en la futura ley de secretos oficiales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este jueves en el Pleno el informe de 62 páginas sobre el anteproyecto de ley de Información Clasificada, que debe sustituir a la todavía vigente ley franquista de secretos oficiales, aprobada de 1968 y retocada una década después. El vocal conservador Wenceslao Olea, magistrado del Tribunal Supremo, propone en el texto una serie de mejoras sobre la clasificación, reclasificación y/o desclasificación de las materias reservadas, así como del sistema disciplinario. No obstante, este anteproyecto no verá la luz en esta legislatura, ya que quedan escasos meses de actividad parlamentaria y, además, el Gobierno no tiene garantizada la mayoría necesaria para sacarla adelante. Según el ponente, el texto proyectado adolece de un problema inicial, ya que menciona la amenaza o daño a los intereses de España de revelar una información clasificada y no a la seguridad y defensa del Estado, «confundiendo este bien jurídico con la generalidad de los intereses públicos». Esta «incidencia nuclear», sostiene, afecta al apartado de seguridad pública y vida de los ciudadanos, las relaciones exteriores de España o situaciones de tensión internacional y los intereses económicos o industriales de carácter estratégico. La ponencia reprocha, además, la falta de regulación específica sobre lo que se debe considerar un asunto de materia reservada, «lo que supone fundamentar la clasificación en la subjetividad de la autoridades competentes, así como la ocultación de informaciones no susceptibles de tal velo». Critica también «la marcada amplitud de autoridades diversas» que puede participar en este procedimiento, una circunstancia que «incide negativamente en una aplicación del acto ajustada a los límites impuestos por la Constitución».