Hacienda se resiste a colaborar con la Fiscalía Europea contra la corrupción

España ejercerá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Este reto para el Ejecutivo contrasta, sin embargo, con la situación que vive en España uno de los órganos clave para velar por el cumplimiento del derecho de la UE y su vigilancia penal: la Fiscalía Europea. Ello pese a que desde su nacimiento el Ministerio de Justicia «siempre ha apoyado la contribución a la eficacia de su acción», según defienden desde el departamento dirigido por Pilar Llop, responsable de dotar de recursos humanos y materiales a la delegación española.

Este órgano supranacional fue aprobado por el Consejo de la UE. Sin embargo, desde su puesta en marcha en julio de 2021 está encontrándose en España con bastantes piedras en el camino por parte de ministerios e instituciones públicas en su intento de cumplir con la «eficacia» que pregonan desde Justicia: investigar, perseguir y enjuiciar delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea.

A la angosta calle Luis Cabrera de Madrid donde se ubica la sede española de la Fiscalía Europa se suma la problemática operativa que se está encontrando el departamento dirigido por Concepción Sabadell, una exfiscal anticorrupción con una dilatada carrera profesional. A la espera además de que le asignen unidades policiales investigadoras como ocurre en Anticorrupción, el Ministerio de Hacienda lleva más de cuatro meses sin cumplir con la petición realizada por el órgano comunitario para poder conectarse al servidor del Sepblac, el servicio de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias.