El Gobierno sacará la ley de vivienda con el pulso PSOE-Podemos por rentabilizarla

El Congreso dará luz verde a la ley de vivienda tras las 41 enmiendas pactadas por el PSOE con Unidas Podemos, ERC y Bildu la semana pasada. Se trata de la primera norma de ámbito estatal de la historia de la democracia en este asunto, pero nace con reticencias tanto en el bloque de la investidura —de socios como el PNV y con UP advirtiendo al PSOE que debe «cumplirse en su totalidad»— como en los distintos territorios. Madrid y Andalucía ya han alentado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

La propia líder de Podemos, Ione Belarra, decidió en el día previo a la aprobación definitiva de la norma sacar la artillería contra los socialistas y, entre otros asuntos, advirtió a Pedro Sánchez que la nueva ley —que elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler y fija un tope a las subidas del alquiler del 3% en 2024 entre otras medidas— debe estar aprobada «cuanto antes». La dirigente morada quiso dejar claro que tanto ella misma como su formación van a estar «vigilantes desde el primer momento para que se cumpla hasta la última coma antes y después de las elecciones».

La también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 quiso rebajar desde los pasillos del hemiciclo la euforia del PSOE a raíz del anuncio de Sánchez sobre la construcción de 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa. Lo «importante», sostuvo Belarra, pasa por ampliar el parque público de vivienda y «corresponsabilizar» a los grandes propietarios y promotores a contribuir a él, dado que se han eximido de esa responsabilidad durante décadas. «La mejor forma de ampliar el parque público de vivienda protegida es hacer cumplir la Ley de Vivienda hasta la última coma».

Aunque un escollo incluso mayor para los socialistas a la hora de rentabilizar la norma que el presidente del Gobierno ha convertido en uno de los ejes de la carrera hacia el 28 de mayo son los recelos —con el argumento de la eventual vulneración de las prerrogativas del autogobierno—, no sólo de las regiones en poder del PP, sino también de otras gobernadas por sus propios aliados.

Es el caso del PNV y el lehendakari vasco Iñigo Urkullu, quien está al frente de un gabinete en coalición con los socialistas que sí apoyan la nueva reglamentación. Los nacionalistas vascos ya han puesto pie en pared ante lo que interpreta como un ataque al marco competencial propio y las conversaciones que han mantenido ambas partes en las últimas horas —para tratar algún punto como los pisos turísticos— no han cambiado nada. Los de Andoni Ortuzar se reservan el sentido de su voto, que anunciarán este jueves, con el apoyo totalmente descartado.

El mismo argumento también lo han empleado ya regiones en manos de los populares como Andalucía o Madrid, sobre todo la liderada por Isabel Díaz Ayuso, quien sigue abanderando el frente de batalla contra Sánchez. Precisamente, el líder socialista lanzó ayer una advertencia los de Alberto Núñez Feijóo al respecto. «Ya le puede ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley en todos y cada uno de los territorios de este país», le espetó el líder del PSOE a Cuca Gamarra, portavoz del PP.

Además, la también secretaria general de los populares dedicó gran parte de su tiempo en la sesión de control a realizar una enmienda a la totalidad a la gestión de Sánchez y su Ejecutivo, el cual tildó, una vez más, como un «caos». «La única política de vivienda» que le interesa a Sánchez, rebatía Gamarra aludiendo a la norma de vivienda, es «seguir residiendo en Moncloa». «Ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy», ironizó también respecto a las últimas medidas del líder socialista. Fuentes de la dirección nacional del PP sostiene que los anuncios de Sánchez a tan solo un mes del 28-M son «contraproducentes y prueban que «gobierna a golpe de titular».