Diario de León

El PSOE promete 240.000 viviendas más las que proponen sus candidatos a alcaldes

Los aspirantes en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Las Palmas y Málaga limitarán pisos turísticos

La vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz. SERGIO PÉREZ

La vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz. SERGIO PÉREZ

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El vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha concluido, tras escuchar a sus candidatos a alcalde de 6 grandes ciudades, que en los próximos años se pondrán en el mercado 240.000 viviendas sumando las 183.000 prometidas por Pedro Sánchez y las 60.000 comprometidas por estos cabezas de lista socialistas.

Esta ha sido una de las principales conclusiones que ha ofrecido Rodríguez de Celis tras el coloquio por streaming con seis candidatos socialistas titulado «Políticamente hablando: de vivienda». Se trata de los candidatos a las alcaldías de Valencia: Sandra Gómez; de Málaga, Daniel Pérez; de Madrid, Reyes Maroto; de Barcelona, Jaume Collboni; de Las Palmas, Carolina Darias y el alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, Antonio Muñoz.

Todos ellos han lamentado, en general, la expulsión de los jóvenes de las grandes ciudades hacia municipios cercanos, por la imposibilidad de acceder a una vivienda propia o en alquiler. En su resumen, De Celis ha citado como medidas en común, la lucha contra pisos vacíos, los apartamentos turísticos, la declaración de zonas saturadas, las subvención al alquiler para los más jóvenes que complemente los 200 euros que ya aporta el Gobierno de España y los fondos europeos destinados a la rehabilitación.

El objetivo de todas las medidas, ha dicho, es planificar medidas para que las ciudades españolas estén en estándares europeos del 20 por ciento de vivienda pública. La primera en intervenir ha sido la candidata a la alcaldía de la capital, Reyes Maroto, que ha prometido la construcción de 15.000 viviendas en 8 años. En su intervención ha apostado por un control estricto de los pisos turísticos y sacar al mercado 82.000 viviendas vacías en las que no reside nadie. Para ello, promete incentivar la puesta en el mercado de esos inmuebles con un alquiler seguro.

Además, apuesta por alcanzar un pacto local por la vivienda para que haya suficiente vivienda asequible especialmente para los jóvenes y por dignificar viviendas consideradas infravivienda, así como mejorar la accesibilidad de lo que ha llamado pisos trampa.

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, donde ha ejercido esta legislatura como teniente de alcalde con Ada Colau, ha admitido que «no ha funcionado», por ser demasiado rígida, la norma aprobada por el ayuntamiento que preveía reservar a vivienda social un 30 por ciento de las promociones nuevas y de rehabilitación. Ahora asegura que se va a cambiar ese porcentaje por dinero.

Collboni ha culpado al anterior alcalde Xavier Trías de no preveer el planeamiento para el futuro de la ciudad. Pero ha asegurado que en los últimos cuatro años han desarrollado suelo en tres zonas nuevas para los próximos 10 años: Sagrera, Buen Pastor y Zona Franca. Eso, ha afirmado, va a permitir 60.000 pisos nuevos de promoción pública y privada, de los que 25.000 serán de protección oficial.

Desalojo en 24 horas

Otra de las propuestas que ha hecho es la de incentivar el alquiler con el «plan 500» para que los propietarios alquilen viviendas a precios de mercado, pero subvencionando la renta con hasta 500 euros. El propietario tendría, ha dicho: seguridad jurídica, bonificación del IBI en el 95 por ciento y subvenciones de hasta 20.000 euros para rehabilitación energética. Con esta medida espera que salgan al mercado entre 800 y 1.000 viviendas al año.

Collboni ha cargado también contra los pisos turísticos, de los que hay 9.000 en la capital catalana, dejando claro que no se van a conceder más licencias y se están poniendo sanciones duras. También plantea combatir las «okupaciones delictivas», no las de las familias vulnerables, para lo que ha planteado que la comunidad de propietarios pueda ser actor legitimado para presentar denuncias y ha apostado por el desalojo en 48 horas.

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