Una delación de exterroristas hace tambalear a 12 ‘generales’ de ETA

Desde hace unos meses, calladamente, una expectativa asoma en el combativo dolor de Consuelo Ordóñez. La hermana de Gregorio, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 y presidenta de Covite, la asociación de víctimas que ha hecho el recuento —44— de los condenados por su pasada vinculación con el terrorismo incluidos por EH Bildu en sus listas electorales, guarda silencio ante la revelación de que dos antiguos activistas etarras han recibido la consideración judicial de testigos protegidos tras haber aportado pruebas contra una decena de ‘generales’ que rigieron la organización durante casi tres décadas.

La prudencia aconseja el mutismo. Pero Ordóñez, que no ha querido conocer la letra pequeña de las actuaciones del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, alberga una esperanza. La de que se despoje de la capucha histórica a quienes ordenaron matar a su hermano y puedan ser condenados como autores intelectuales del crimen.

La batalla contra la impunidad emprendida por Covite y otras organizaciones de damnificados por el terrorismo —no sólo en lo que se refiere a la responsabilidad última de los mandos de ETA a los que señalan en los atentados perpetrados bajo sus galones, sino también en el esclarecimiento pendiente de 379 crímenes— acaba de encontrar una palanca inesperada tras una enigmática diligencia judicial: TP 2/2023 y 3/2023. O lo que es lo mismo, la identificación en clave de los dos exterroristas a los que el magistrado Alejandro Abascal ha blindado como testigos protegidos tras acreditar su disposición a cooperar con la justicia en el sumario —uno de los que sigue vivo en la Audiencia— por la ejecución de Ordóñez.

El primero se encuadró en la banda en los años 80 y el segundo entre 1993 y 2001, cuando fue detenido. Y ambos, según fuentes conocedoras del procedimiento, han protagonizado «la evolución» —con mayúsculas, enfatizan—, porque no sólo han apostatado de su militancia terrorista, sino que están aportando pruebas contra quienes integraron las sucesivas cúpulas etarras. Contra quienes fueron compañeros de armas. Un tabú hasta ahora en el camino de la reinserción de los activistas de ETA.

El testimonio de los dos testigos sitúa en la diana a 12 responsables terroristas tan signficativos —por los crímenes por los que han ido siendo condenados y los cientos y cientos de años de pena impuestos-— como para personificar buena parte de la historia de ETA atentando contra la democracia. Desde los 80, los ‘años de plomo’ que llovían de manera letal sobre los integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército, hasta el eufemismo de la ‘socialización del sufrimiento’ —la extensión de los atentados a cada vez más colectivos de amenazados— que la banda y su entorno estrenaron con el asesinato de Ordóñez hace 28 años. Desde la organización liderada por ‘Txomin’ Iturbe que se sentó por primera vez a negociar en Argel con un gobierno, el de Felipe González, a la cúpula que empezó a inmolarse ante la enrabietada y multitudinaria reacción social contra el secuestro y asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, ejecutado por ‘Txapote’ antes de erigirse en jefe militar.

Los ahora testigos protegidos han declarado que si bien los comandos podían decidir sobre los atentados contra las FSE, los del resto de objetivos coaccionados —políticos, jueces, empresarios, periodistas...— eran ordenados por la dirección etarra. Este señalamiento es clave para dar cuerpo probatorio a las sospechas sobre quienes mandaban matar por encima de los activistas. Pero trascendental resulta también que el manto de silencio haya empezado a levantarse. El EPPK, el colectivo oficial de los presos etarras, les permitió acogerse a las vías de resocialización tras el final de la violencia pero con dos líneas rojas: el arrepentimiento y la delación.