El Gobierno dice que la exigencia del catalán no puede ser «desproporcionada»

El Gobierno defiende el requisito del conocimiento del catalán para el acceso a puestos públicos, pero avisa de que este «no puede ser desproporcionado ni injustificado», debe ir acompasado a las características de la tarea a desempeñar y «estar orientado a la garantía de los derechos de la ciudadanía, en particular sus derechos lingüísticos».

Así ha respondido el Ejecutivo a una pregunta planteada por la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien se interesó por el caso de Begoña Suárez, una enfermera gaditana del hospital barcelonés Vall d’Hebron que denunció a través de un video que se le exigiera un nivel C1 de catalán para opositar y a la que no se le renovó el contrato. Arrimadas pidió explicaciones al Gobierno por esta circunstancia, que acabó con el despido de la profesional sanitaria a la que no se renovó el contrato. La dirigente ‘naranja’ considera que fue un «despido ideológico» del que responsabiliza a la Generalitat y pidió al Gobierno que apercibiera al Ejecutivo autonómico por el «señalamiento» a la enfermera. En su respuesta, el Gobierno recuerda que el ordenamiento jurídico reconoce una serie de derechos lingüísticos a la ciudadanía, y «en particular el derecho del uso de las lenguas oficiales en sus relaciones con los poderes públicos, en determinadas condiciones y en el ámbito territorial donde estas están reconocidas». Para garantizar ese derecho, abunda el Ejecutivo, es «necesaria la capacitación lingüística de los empleados públicos que desempeñen determinadas funciones» en las con lenguas cooficiales, «y en aquellos puestos donde existan relaciones directas con la ciudadanía que puedan implicar el necesario uso de las lenguas cooficiales reconocidas por el ordenamiento jurídico».