Bildu y su histórica inclusión en sus listas de etarras condenados
Dignidad y Justicia denuncia que la formación ha incluido 89 condenados desde su creación
El colectivo de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) registró a última hora de la noche del jueves un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que reclama al Ministerio Público que promueva la inmediata ilegalización de EH Bildu tras denunciar que la formación abertzale desde su formación en 2011 (entonces solo como Bildu) ha incluido en sus listas a las diferentes elecciones celebradas desde entonces a un total de 89 condenados por terrorismo.
La asociación que dirige Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA, incluye en su denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, un exhaustivo listado con los nombres, sentencias y condenas de cada uno de los 89 candidatos con condenas firmes por su relación con la banda terrorista que formaron o forman parte de las planchas de Bildu o EH Bildu en los comicios de 2011, 2015, 2016, 2019 y 2023.
Según el estudio de DyJ, las listas la formación abertzale en el País Vasco han incluido en estos comicios a 83 condenados mientras que la planchas en Navarra a otros seis. La inmensa mayoría de los candidatos de EH Bildu localizados fueron parte de listas municipales de Euskadi, aunque también hay un algunos condenados por terrorismo que concurrieron en listas de las Juntas Generales de Álava y Guipúzcoa.
En el listado destacan por su singularidad tres casos. El primero es el de Mertxe Aizpurua, actual portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso. Aizpurua, siempre de acuerdo con la denuncia de Dignidad y Justicia, fue «condenada por apología del terrorismo en 1984» y en 2011 fue la única condenada que formó parte de una lista de Bildu, entonces una coalición electoral conformada por los partidos políticos Eusko Alkartasuna y Alternatiba, las agrupaciones Herritarron Garaia y Araba Bai, y otros independientes. Aquella coalición posteriormente dio paso en junio de 2012 al nacimiento forma del EH Bildu.
Los otros dos casos destacados son los único candidatoe con condena por terrorismo que han participado en listas de EH Bildu en parlamentos autonómicos. Se trata de Iker Casanova Alonso, condenado en 2007 a once años de cárcel por integración en organización terrorista y que resultó el elegido en las elecciones al Parlamento Vasco de 2016; y de Juan Cruz Aldasoro Jauregui, suplente en la lista al Parlamento de Navarra, y condenado en 2014 a 3 años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista.
«Inclusión reiterada»
Dignidad y Justicia considera que la «inclusión reiterada» de candidatos con antecedentes penales firmes por terrorismo en las listas de EH Bildu en los procesos electorales de 2011, 2015, 2016, 2019 y 2023 «supone una vulneración clara del artículo 9.3 de la Ley de Partidos que establece que un partido puede ser ilegalizado cuando presente en sus listas candidatos condenados por terrorismo y no haber rechazado ni fines ni medios terroristas de forma pública tal y como establece la Ley de Partidos».
La inclusión de esos 89 condenados se une —sostiene DyJ— a «la flagrante vulneración de las libertades y derechos fundamentales de las víctimas del terrorismo, justificando los atentados contra la vida o la integridad de tantas y tantas víctimas del terrorismo, mediante la legitimación de estos condenados por tales execrables delitos terroristas como representantes de los ciudadanos incluyéndolos en sus listas», al tiempo de buscar como «única finalidad socavar los principios democráticos, desde dentro de las propias instituciones».
En ese mismo escrito, DyJ pide a la Fiscalía que vuelva a «recabar y analizar», no ya las hojas de histórico penales, «sino las liquidaciones de condena de todos y cada uno de los candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas». Y ello, recuerda, porque el Ministerio Público aseguró tajante el pasado 18 de mayo, tras una denuncia de este mismo colectivo, que había revisado las listas de EH Bildu a los comicios del 28-M y que todos los inscritos eran elegibles. Y sin embargo, el jueves por la tarde, a raíz precisamente de una denuncia de Dignidad y Justicia, la Junta Electoral de Guipúzcoa anuló el nombre de la exetarra Sara Majarenas Ibarreta de la lista del municipio de Astigarraga al no tener extinguida su inhabilitación absoluta, tal y como descubrió DyJ.