Los veraneantes, las grandes víctimas del adelanto electoral

Por primera vez en la historia de la democracia, España va a votar en unas Elecciones Generales en plenas vacaciones de verano. Solo una vez, en 2020 y debido a la pandemia, hubo comicios en fechas tan complicadas. Fueron las autonómicas de Galicia y Pais Vasco del 12 de julio de 2020 y la participación bajo 10 puntos. El anuncio de Pedro Sánchez de convocar las Elecciones Generales el 23 de julio, al margen de las cábalas políticas, va a tener una repercusión directa en los planes de millones de ciudadanos que ven imposible solo 55 días antes cambiar sus billetes y reservas familiares.

El 23-J, sí o sí, va a tener víctimas entre los veraneantes. Cerca de 180.000 ciudadanos formarán parte como titulares de las más de 60.000 mesas electorales que se montarán ese domingo, mientras que otros 360.000 serán convocados como suplementes, porque son llamados el doble que los titulares. Ellos no podrán estar en la playa ese día bajo amenaza de ser condenados por un delito electoral, castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o a una multa de 24 meses. Aunque hay motivos justificados recogidos por la Ley Electoral que te excusan de acudir a una mesa, un viaje no es excusa.

En total, 540.000 familias españolas van a ver trastocados sus planes estivales, al menos ese fin de semana, por los llamamientos obligatorios a las mesas. En cualquier caso, no van a poder anticiparse porque las juntas electorales de zona (JEZ) tiene hasta tres semanas antes para avisar a los 'damnificados', o sea que hasta inicios de julio pueden ser notificados.

Más suerte tendrán los otros 35 millones y pico de votantes que podrán recurrir al voto por correo para asegurarse que ese domingo de julio no tendrán que pasárselo en un colegio electoral con la única ayuda de un abanico y un ventilador. Nadie, ni en el Ministerio del Interior ni en Correos, duda de que los comicios de este julio van a batir todos los récords de sufragio postal, una práctica que está en constante aumento, especialmente durante la pandemia, pero que, sin embargo, vive sus peores momentos a cuentas de los escándalos de las tramas de compra de papeletas por correo en la ciudad de Melilla; la isla de La Gomera; Mojácar, en Almería; o Albudiete, en Murcia, entre otros lugares.

El voto por correo existe en España desde la aprobación en 1985 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y permite ejercer el voto de forma anticipada a aquellas personas que prevean que no puedan asistir a su colegio electoral el día de los comicios.

Máximos en pandemia En un principio esta fórmula no tuvo mucho tirón, pero lo cierto es que desde la llegada del siglo XXI ha ido creciendo bastante. El subidón del voto por correo se registró sobre todo durante la pandemia. El 7,24% del electorado vasco lo pidió para los comicios celebrados en la comunidad en julio de 2020, mientras que en las elecciones autonómicas de Cataluña y Madrid de 2021 esta cifra fue del 5,25% y el 4,87% del censo, respectivamente.

En los últimos años la media española del voto a distancia se ha situado en algo más de un 2%. Este domingo pasado, no obstante, se llegó 2,7% del total. En concreto 984.108 validaron sus votos, una cifra que supone un 6.4% más respecto al número de votos por correo admitidos en las anteriores elecciones autonómicas y municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, que también coincidieron con las elecciones al Parlamento Europeo.

La cifra podría haber sido mayor, pero muchos de los electores que pidieron su pack electoral, finalmente no acabaron por registrars su voto. Correos admitió 1.082.030 solicitudes de voto anticipado, 827.962 de ellas presentadas de forma presencial en la red de oficinas postales y 254.068 de forma telemática.

Fraude en Melilla

O sea, este 28-M casi 100.000 españoles pidieron el voto postal, pero luego no acabaron el proceso. Un porcentaje -explican fuentes de diversas juntas electorales- sin parangón y que todos los expertos relacionan con los escándalos por la compra de votos postales. Solo en Melilla, donde se fraguaba el que podía haber sido el mayor fraude electoral de la democracia, Correos solo validó la mitad de las 11.727 solicitudes para las elecciones. El resto de las papeletas acabaron quemadas o depositadas de forma irregular en los buzones de correos ordinarios.

Con este panorama de descrédito España se encamina a usar la fórmula del voto por correo de forma masiva el próximo mes de julio. En Correos e Interior no creen que se llegue al récord europeo cuando en septiembre de 2021, y todavía el miedo a la pandemia, el 47,3% de los electores alemanes recurrió al sufragio anticipado. No obstante, en ambas administraciones se preparan ya para cifras enormes de papeletas postales, a expensas de ver hasta qué punto afectan las vacaciones a la abstención.

Sea como fuere, y con la convocatoria tan apurada, el plazo para solicitar el voto por Correo debería empezar de forma casi inmediata. Para las elecciones que acaban de celebrarse, el plazo para pedir el sufragio postal comenzó el 4 de abril, 54 días antes de las elecciones. Y solo faltan 55 días para el 23-J.