El Gobierno acelera la Memoria Histórica, Feijóo quiere derogarla
Un equipo de forenses inicia la exhumación de 128 represaliados enterrados en Cuelgamuros
Acceso a la basílica del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), ayer. FERNANDO VILLAR
El Gobierno acelera la aplicación de la Ley de Memoria Democrática ante el temor de perder las generales del 23 de julio y de que Alberto Núñez Feijóo cumpla su promesa de derogar la norma nada más llegar a la Moncloa. Ayer se inició, después de siete años de litigios judiciales, la exhumación de 128 de las más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil que fueron trasladadas a las criptas de la basílica del Valle de Cuelgamuros sin consentimiento de sus familiares. No será una tarea sencilla. Se podría prolongar incluso más allá de un supuesto cambio de Gobierno.
El Ministerio de Presidencia ha instalado un laboratorio portátil que incluye máquinas de rayos X en el que los técnicos forenses y genetistas deberán comparar el ADN de las víctimas con el de sus familiares. Como principal escollo se encuentra el mal estado de las criptas a causa de la humedad.
A lo largo de los últimos 60 años el agua ha corroído las cajas fúnebres por lo que los restos de muchos de los inhumados se encuentran mezclados entre sí, lo que hace aún más compleja la identificación de los restos. Además, la debilidad de la estructura supone un riesgo para la integridad de los profesionales que se introduzcan en ellas. Hay cinco plantas de columbarios que podrían derrumbarse de no ser apuntalada la estructura.
El Gobierno niega que las exhumaciones se hayan ordenado por interés electoral y se remite a aplicación de la norma y el deseo de las familias. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, afirmó que quienes defienden «derogar el sanchismo» también pretenden paralizar acciones como la de la reparación de las víctimas del franquismo. El ministro Félix Bolaños añadió que se trata de una cuestión de justicia y humanidad, y defendió que si se ha tardado años en comenzar las exhumaciones se ha debido a las «dificultades jurídicas y técnicas» del proceso.
Ha pesado también la presión de las familias. La pasada semana se presentó una queja ante el Defensor del Pueblo en la que se censuró la inacción del Gobierno. Alegaron la sentencia del Tribunal Supremo del pasado marzo en la que se obligó al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, gobernado por el PP, a conceder una licencia de obras para acometer los trabajos en las criptas.
La respuesta de los populares llegó por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según Isabel Díaz Ayuso, desde Moncloa se persiguen fines electoralistas. «Es un poco más de lo mismo, la utilización por parte del Gobierno no sólo de las instituciones sino de la historia de España y no puedo más que condenarlo», censuró la baronesa del PP, antes de añadir que no le hará el juego electoral a la izquierda.
A la plena aplicación de la ley aún le quedan muchas asignaturas pendientes, que para completarse dependerán del próximo inquilino en la Moncloa. Al Gobierno de coalición se le ha agotado el tiempo para expulsar a la orden benedictina de la basílica de Cuelgamuros o la ilegalización de la Fundación Francisco Franco por apología de la dictadura. También la exhumación de las más de 110.000 víctimas de la Guerra Civil —según el último balance oficial— que más de 80 años después yacen aún en cunetas. En cuanto a los objetivos cumplidos, se encuentra el traslado de los restos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera fuera de Cuelgamuros, algo insuficiente en cualquier caso para las familias de las víctimas sepultadas en el mausoleo franquista.