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Un torero será el vicepresidente de Valencia y Vox se queda con Interior y Agricultura

El acuerdo entre el PP y la ultraderecha borra la lucha contra la violencia machista y habla de «intrafamiliar»

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. RODRIGO JIMÉNEZ

Ponferrada

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El Gobierno valenciano que presidirá el popular Carlos Mazón reservará tres de sus diez carteras a Vox, que ocupará la vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura (en manos del torero Vicente Barrera), así como las Consellerias de Agricultura y la de Justicia, Interior y Gobernación.

Así lo han hecho público este jueves ambos partidos, que tras su segunda reunión para desarrollar el principio de acuerdo alcanzado el martes para un Gobierno de coalición en la Generalitat y por el que Vox tendrá la presidencia de Les Corts han suscrito un documento que explicita las áreas de Vox en el Consell y 50 puntos programáticos.

Se trata de un reparto de carteras bastante similar al primer Gobierno de coalición alcanzado por ambos partidos, el de Castilla y León, donde la Presidencia y las áreas fuertes, como Sanidad, Educación o Economía, quedan en manos del PP, y Vox gestiona una vicepresidencia -aunque en Castilla y León no tiene cartera asociada- y áreas como Agricultura.

Por lo que respecta al PP, de momento no ha trascendido ninguno de los nombres de sus futuros consellers, y únicamente se ha concretado que no habrá una Conselleria de Familia en la Generalitat, como sí existe por ejemplo en Castilla y León.

LOS PUNTOS DEL PROGRAMA

El documento programático PP-Vox comienzan con el apartado dedicado a la «libertad» y su primer punto es la defensa de «la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural», y finaliza con el área de «seguridad» y el compromiso número 50: asegurar «el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este Gobierno».

Entre medias, figuran compromisos como suprimir los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio y la tasa turística; derogar las normas que «atacan la reconciliación en los asuntos históricos» para así garantizar «la libertad de memoria; o la aprobación de una ley de señas de identidad y de una ley de protección a las familias, con especial atención a las numerosas.

También se creará una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas de la ocupación ilegal de inmuebles, y la Generalitat pondrá en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas». Entre las ausencias, en ningún momento se habla de combatir la violencia machista, sino que se comprometen a impulsar medidas para erradicar «la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas».

Y como ya había avanzado el futuro president, en materia educativa se garantizará «la libre elección de centro educativo y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas».