El Gobierno lanza un plan anticrisis de 9.000 M a un mes de las elecciones

El Consejo de Ministros aprobó ayer la prórroga de las principales medidas anticrisis que vencían el próximo 30 de junio y dio luz verde a otras nuevas, a través de un nuevo decreto que movilizará 3.800 millones de euros de aquí a final de año. La cifra eleva el coste que asumirá el Estado en el segundo semestre a casi 9.000 millones si se suman las ayudas que ya estaban aprobadas hasta el 31 de diciembre, como la rebaja fiscal en la factura eléctrica o el límite al precio de la bombona de butano.

«Este plan nos ayudará a transitar con confianza en un contexto de incertidumbre», señaló la vicepresidenta Nadia Calviño.

En total, el Gobierno ha movilizado 47.000 millones con los siete planes anticrisis que se han aprobado desde el estallido de la guerra en Ucrania. Un coste —vía desembolsos del Estado y pérdida de ingresos fiscales— que desde Bruselas vigilan de cerca ante el riesgo de un gasto excesivo que ponga en peligro la senda de consolidación, que marca una reducción del déficit del 4,8% al 3,9% este año para alcanzar el objetivo del 3% ya en 2024, un año antes de lo previsto. «Todas las medidas son compatibles con esa reducción», defendió Calviño frente a las dudas, que también han llegado desde el Banco de España, muy insistente en su mensaje de que las ayudas debían dejar de ser generalizadas para centrarse sólo en los vulnerables.

IVA de los alimentos. Pese a las advertencias, y a un mes de las elecciones, el Ejecutivo ha decidido prorrogar la eliminación del IVA de algunos alimentos básicos como pan y leche, así como la rebaja al 5% para aceites y pastas alimenticias hasta final de año. Sólo se volverá a la situación anterior si la inflación subyacente baja del 5,5% interanual (hoy está en el 6,1%). Hacienda calcula que los hogares españoles ahorrarán este año 1.320 millones de euros con la medida que, no obstante, no se está dejando notar en el bolsillo, con el precio medio de los alimentos aún disparado aún un 12%.

Bonificación del 30 %del transporte público. Del mismo modo, se prorroga la bonificación del 30% al transporte público, otra medida estrella del anterior plan anticrisis que ha tenido bastante más éxito en su meta que la anterior.

Bonificación al carburante. Tras la presión que estos días ha ejercido el sector de los transportistas, el Gobierno también ha optado por extender las ayudas al gasóleo para profesionales. Un movimiento que ha sorprendido ante la reciente caída del precio de los carburantes, que ya se sitúa por debajo de los niveles marcados cuando se aprobó la bonificación de los 20 céntimos por litro en marzo de 2022. La ayuda será de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de otros cinco céntimos para el último trimestre.

Vivienda: avales del ICO y alquiler. El plan también incluye nuevas ayudas y otras que se habían quedado en el tintero tras la convocatoria de elecciones, como la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir hasta el 20% de la hipoteca para comprar una vivienda habitual por parte de jóvenes y familias con menores a cargo, por un volumen máximo de 2.500 millones de euros. La tensión entre los socios de coalición se ha dejado notar sobre todo en esta materia. Y al final se extiende la prohibición de los desahucios a vulnerables sin alternativa habitacional. Sin embargo, el PSOE ha impuesto su criterio frente a la pretensión de Unidas Podemos de extender también la congelación del precio de los alquileres, que ha estado en vigor en el primer semestre. Es decir, los propietarios podrán cambiar ya sus condiciones en el momento de firmar una renovación, aunque sí seguirá vigente la limitación del 2% en la actualización anual de los arrendamientos ligados al IPC.

Coche eléctrico. El real decreto incluye además una deducción del 15% en el IRPF para aquellos que compren un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2024, sobre una base máxima de 20.000 euros. Es decir, la deducción máxima sería de 3.000 euros. Esta medida se ampliará a diciembre de 2025 cuando se dé el visto bueno al Plan de Recuperación. También podrán acceder a la deducción quienes instalen puntos de recarga de baterías antes del 31 de diciembre de 2024.

Otras medidas. El hecho de utilizar la fórmula del real decreto ha permitido al Gobierno generar una suerte de cajón de sastre para introducir en este plan anticrisis la transposición pendiente de varias normativas europeas. Además, el Ejecutivo de Sánchez ha aprovechado para poner en marcha otros procesos como la estabilización de interinos anteriores a 2021 o el denominado derecho al olvido oncológico, a fin de acabar con las restricciones que sufren aquellas personas que han padecido cáncer cuando contratan ciertos servicios. También se retrasa hasta enero de 2024 la obligación de cotización de los becarios, prevista en principio para el 1 de octubre de este año.