Junts, ERC y la ANC presionan para la investidura pero su Diada pierde fuerza
PSOE y Sumar enfrían la tramitación exprés de la amnistía que exige Puigdemont y no aceptan tampoco un mediador
La reclamación de una amnistía para los encausados por el ‘procés’ se convirtió ayer en el mínimo común denominador del independentismo en la calle, en una Diada con una participación ciudadana menor que en anteriores convocatorias.
Si el año pasado la Guardia Urbana cifró en 150.000 el número de asistentes a la manifestación independentista de la Diada, en esta edición ha recortado esa cifra hasta las 115.000 personas, muy por debajo de los guarismos de 2019, antes de la pandemia de coronavirus, cuando los manifestantes llegaron a los 600.000.
Muy diferentes son los datos de la ANC: 800.000 manifestantes, cien mil más que la cifra que dio el año pasado, unos números que contrastan con la desmovilización independentista reflejada en las urnas en las últimas elecciones.
Las diferencias estratégicas entre independentistas se han vuelto a poner de manifiesto en esta Diada, desde los llamamientos de ERC, JxCat y Òmnium Cultural a negociar amnistía y autodeterminación hasta los recelos de la ANC y la CUP a cualquier trato con el Estado.
La apuesta por la amnistía es lo que más se ha acercado a un programa compartido, defendido también por los comunes, aunque la negociación para la investidura del presidente del Gobierno genera gran inquietud en la ANC. Su presidenta, Dolors Feliu, aprovechó el acto político al término de la manifestación, en la plaza Espanya —que la ANC quiere rebautizar como plaza Primero de Octubre—, para advertir a JxCat y ERC de que solo avalará un pacto en Madrid que implique dar pasos hacia la proclamación efectiva de la independencia de Cataluña.
«Independencia o bloqueo de cualquier pacto que no sea la independencia. Independencia o nada. Independencia o elecciones», ha exclamado Feliu, en una advertencia directa a ERC y JxCat. En otra punta de la ciudad se desarrollaba la habitual manifestación de la CUP, que ha arrancado con críticas a ERC y JxCat por «ir a negociar migajas a Madrid» como hacía «la vieja Convergència».
Mientras, ni el PSOE ni Sumar ven factible aprobar una ley de amnistía para los implicados en el ‘procés’, como pretende Carles Puigdemont, antes de que Pedro Sánchez se someta al debate de investidura. Unos en privado y otros en público aseguran ahora que no hay tiempo material. Sería, admitió Jaume Asens, negociador del equipo de Yolanda Díaz, «forzar mucho la máquina».Los socialistas evitaron dar ayer nada por hecho. Y en Sumar reconocieron también las dificultades de aceptar otra de las exigencias del expresident, un mediador.