ERC torpedea la ambigüedad de Sánchez y airea que ya cruzan papeles para la amnistía

Los esfuerzos de Pedro Sánchez por centrar la atención en el revés que Alberto Núñez Feijóo sufrirá esta semana en el Congreso , cuando, salvo sorpresa mayúscula, la Cámara le deniegue la confianza para ser presidente del Gobierno, se vieron comprometidos ayer de nuevo por las cuitas de unos socios ansiosos por pasar de pantalla y demostrar protagonismo.

Aunque el presidente del Gobierno en funciones y su partido hayan ido tejiendo en las últimas semanas un entramado argumentativo destinado a justificarla y hacerla digerible, jamás han dicho abiertamente que estén dispuestos a conceder una amnistía a los encausados del ‘procés’ para amarrar su investidura. ERC, sin embargo, aseguró que el intercambio de documentos para hacerla «técnicamente» viable ya ha comenzado. Los socialistas continúan resistiéndose a hablar claro. «Vamos a seguir con la discreción, que viene dando buenos resultados», señalaron fuentes de la dirección del partido. Pero la afirmación de la republicana Raquel Sans no sólo es relevante porque haya dado voz a algo que, en buena medida se daba por hecho, sino porque además pone de relieve lo complejo que será para el PSOE acompasar su estrategia política a su estrategia comunicativa una vez Sánchez reciba, como cabe esperar, el encargo del Rey para intentar formar Gobierno. No en vano, la dirigente secesionista dio tan por hecha la amnistía que incluso afirmó que ahora ya toca abrir la «negociación de verdad», la que versará sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación.

En la cúpula del PSOE reconocían la semana pasada que la pugna entre ERC y Junts y su afán por capitalizar las cesiones de Sánchez podían generarles serios problemas en la negociación. El acelerón de los republicanos les da la razón. Una de las cuestiones esgrimidas por Moncloa para dulcificar su decisión de convertir a Carles Puigdemont, prófugo de la justicia desde hace seis años, en interlocutor legítimo fue precisamente que en la declaración del 5 de septiembre en la que fijó sus exigencias no había puesto el referéndum como condición ‘sine qua non’ para el apoyo de sus siete diputados, a pesar de que dejó claro que ese sería su precio final.

Las palabras de Sans cogieron al PSOE tratando de minimizar, para más inri, la importancia del multitudinario acto celebrado por el PP en Madrid el domingo, al que asistieron unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y más de 65.000, según el principal partido de la oposición, del mismo modo que la semana pasada se afanaron en desdeñar las críticas de históricos dirigentes socialistas a los planes del jefe del Ejecutivo para garantizarse la reelección.

En un tono ácido, en cierto modo contradictorio con la tranquilidad y convicción con la que la cúpula socialista asegura afrontar la situación, las portavoces del Gobierno y el partido cuestionaron que el éxito de convocatoria signifique que exista un clamor social en contra de los planes de Sánchez, acusaron al PP de alentar el «odio» y la «división» y dejaron ver que, en todo caso, nada quebrará la voluntad de alcanzar un acuerdo con el expresidente de la Generalitat. «La cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000 personas —dijo la ministra Isabel Rodríguez en su habitual comparecencia tras el Consejo de Ministros adelantado al lunes—, sino haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria que diera viabilidad a la investidura; es decir, más de 175 escaños. Y a día de hoy el señor Feijóo cuenta solo con 172». «A la mayoría social de España la escuchamos con mucha rotundidad en las urnas el pasado 23 de julio», añadió.

El mensaje que tiene que contrarrestar el PSOE es el de que ni la amnistía ni cualquier otro asunto que pueda hablarse con Puigdemont son producto de una búsqueda del bien común sino de necesidades personales. Y a eso ya lleva tiempo entregado el propio Sánchez, que, ayer, en un acto por el Día Europeo de las Lenguas en el Instituto Cervantes explicó lo «imprescindible» que era para el reconocimiento de la pluralidad de España el que en el Congreso se pueda escuchar a diputados en catalán, gallego o euskera, una medida cuya constitucionalidad el PSOE cuestionaba hasta hace poco, en contra de la que votó la pasada legislatura pero a la que ahora ha accedido a cambio del apoyo de los partidos soberanistas a Francina Armengol como presidenta de la Cámara. «El tiempo —vaticinó Sánchez— acabará dando la razón al progreso y la convivencia».