Comienza la cuenta atrás para la celebración de nuevas elecciones
La cuenta atrás para que Pedro Sánchez intente ser investido presidente ya ha empezado. El mandatario socialista tiene de plazo hasta el 27 de noviembre a las 13.22 horas para conseguir la confianza de la Cámara, exactamente dos meses después de Alberto Núñez Feijóo fracasara —este pasado martes-—en su intento de conseguir la confianza del Congreso en la primera votación para su investidura (este viernes se enfrentará al segundo intento, con similares perspectivas). Pero el líder del PSOE no tiene aún asegurados los apoyos suficientes. Le falta por cumplir una de las condiciones que Junts y Esquerra, cuyos votos son decisivos, han fijado: la aprobación de una ley de amnistía.
El problema radica en el contenido de la medida de gracia pero también en los plazos, más apretados cada día. Mientras que el presidente de la formación republicana, Oriol Junqueras, se limitó
a pedir que esté lista «cuanto antes mejor» en línea con lo que viene diciendo su partido, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont exige que su tramitación haya finalizado antes de que Sánchez encare su investidura. La única garantía que, entiende, evitará una posterior marcha atrás.
Con el Gobierno con sus competencias limitadas por encontrarse en funciones, todo el proceso se dilucidará en las Cortes. La proposición de ley podría tener la luz verde del Congreso en el plazo de un mes y medio si se sigue el trámite ordinario, aunque este sería demasiado apretado ya que debería estar finalizado, como muy tarde, en la penúltima semana de noviembre, dejando para ese fin de semana la sesión de investidura de Sánchez con el lunes 27 como fecha límite para la segunda votación. Esto obliga al grupo o a los grupos parlamentarios que finalmente registren la iniciativa a optar por la vía urgente, lo que reduciría los tiempos a la mitad, y a la Mesa del Congreso -en la que Sumar y PSOE tienen mayoría- a aceptarlo.
Superado este primer obstáculo, el principal escollo se encontraría en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Aunque los populares no tienen potestad para paralizar una eventual ley de amnistía, sí podrían retrasarla al máximo. En todo caso, el texto sería devuelto en 20 días a la Cámara baja para su aprobación definitiva. Este acelerado trámite tuvo un precedente a finales del año pasado con la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación. El 11 de noviembre el PSOE y Unidas Podemos registraron el texto en el Congreso y el 22 de diciembre el Senado -donde los socialistas y sus aliados tenían mayoría- dio la luz verde definitiva. Sin comisiones aún Pero en este caso existe un problema añadido: ambas cámaras se encuentran aún estrenando legislatura y con las comisiones sin constituir. La tradición dicta que este paso se da una vez que se forma el nuevo Gobierno, con su Consejo de Ministros, para que estas coincidan con cada ministerio (excepto las permanentes, que siempre son las mismas). Sin embargo, la ley no impide que se creen antes y la decisión únicamente depende de la Mesa. De hecho, existe el precedente del año 2016, cuando se constituyeron las comisiones tras las elecciones de diciembre del 2015. La legislatura acabó sin que ningún candidato lograra formar Gobierno y con repetición electoral. La cuestión del contenido de la medida es también espinosa. La ley de amnistía a los encausados por el ‘procés’ beneficiaría a miles de personas que participaron en los hechos, con circunstancias muy diversas, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque aún se debate si incluirlas o no. Tanto PSOE como Sumar recuerdan a ERC y Junts que la redacción de este tipo de medidas es «un proceso largo» donde debe primar «la pulcritud».