El Gobierno se esconde tras la Corona para un 12 de octubre salpicado por la amnistía

El Gobierno ya asume que este 12 de octubre no será una balsa de aceite. Los abucheos a Pedro Sánchez vienen siendo una constante en el desfile que cada año tiene lugar con motivo de la Fiesta Nacional, como ya ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero, y el debate generado en torno a la posible concesión de una amnistía a los encausados del ‘procés’, como moneda de cambio para el apoyo a la investidura, añade leña al fuego. Pero, preventivamente, el Ejecutivo ya ha hecho dos movimientos: señalar al PP como responsable de la crispación e intentar reforzar su perfil institucional erigiéndose en defensor del Rey.

El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, aprovechó este martes que el Ejecutivo debía solicitar formalmente la celebración de una sesión conjunta del Congreso y del Senado a fin de que la princesa de Asturias pueda jurar la Constitución el próximo 31 de octubre, para hacer , tras el Consejo de Ministros, un elogio de la Corona; una institución que definió como «absolutamente central en nuestro sistema político». «Es de un enorme valor para nuestra democracia que se garantice su continuidad», reivindicó.

Lo previsible es que buena parte de los que ya fueron socios del Gobierno en la pasada legislatura y en los que Sánchez pretende apoyarse ahora para continuar en la Moncloa planten a la princesa, del mismo modo que no participaron (fue el caso de ERC, Bildu, Junts y BNG) en las dos rondas de contactos abiertas por el jefe del Estado desde el pasado 23 de julio para conocer los apoyos de los candidatos a la investidura y hacer una propuesta. Bolaños eludió cualquier reproche. «Cada partido tiene que tomar sus decisiones y no me corresponde valorarlas», adujo. Pero marcó distancias.

En las últimas semanas, los socialistas sí han acusado, en cambio, al PP de denostar al Rey. Lo hizo ya el diputado Óscar Puente durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, cuando argumentó que éste había utilizado un procedimiento institucional muy tasado, en el que el monarca desempeña también un papel clave, simplemente para reforzarse como líder de la oposición y afianzarse ante los suyos a sabiendas de que ni tenía ni podía tener los apoyos para ser presidente.

Este lunes, Sánchez llegó a afear a Feijóo que haya «convocado manifestaciones» contra su investidura «en las que se ha faltado al respeto al jefe del Estado», según explicó el PSOE en un comunicado hecho público tras la reunión que ambos mantuvieron en el Congreso. Se refería así a un cartel que se le coló a Sociedad Civil Catalana en la marcha que organizó este domingo en Barcelona contra la amnistía y en el que se apuntaba a Felipe VI como «cómplice del golpe de Estado».

Un sector de la derecha no institucional cuestiona que el Rey propusiera a Sánchez como candidato a la investidura sabiendo cuáles son sus planes sobre la amnistía, una iniciativa que, además, estará obligado a sancionar en caso de que sea aprobada por las Cortes, del mismo modo que firmó los indultos del ‘procés’, pero de la que, como dicta la Constitución, no será responsable.

El PSOE —que hasta hace poco más de dos meses consideraba inconstitucional amnistiar a los responsables del intento independentista de 2017— se afana ahora en justificar que solo busca la concordia en Cataluña y que, haga lo que haga, respetará la ley. «Cualquier acuerdo que adoptemos —reiteró Bolaños— será impecable».

En paralelo, los socialistas vuelven la oración por pasiva e intentan desactivar las crítica del PP recordando, entre otras cosas, su negativa a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial como dicta la Carta Magna y acusándolo de «agitar la calle».