El Supremo carga contra la amnistía: exige el "absoluto respeto a la división de poderes"

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reunida en sesión ordinaria, salió este lunes al paso del proyecto de ley de amnistía registrado en el Congreso. Por unanimidad de sus miembros, entre ellos el presidente del alto tribunal Francisco Marín Castán y el máximo responsable de la Sala Segunda (de lo Penal) Manuel Marchena -ponente de la sentencia del 'procés' dictada en octubre de 2019-, la Sala consideró "incompatible" que las futuras comisiones de investigación que se constituyan en la cámara Baja sobre la llamada "guerra judicial" en Cataluña "fiscalicen o supervisión" la labor de los juzgados y tribunales.

La cúpula del Supremo se sumó así al resto de organismos o entidades judiciales que en los últimos días han mostrado su "frontal oposición" a que las investigaciones parlamentarias de los conocidos como 'lawfare' en Cataluña señalen a jueces y magistrados. Desde la pasada semana una cascada de actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todas las asociaciones profesionales de la carrera, colectivos de fiscales, jueces decanos, presidentes de audiencias provinciales, salas de gobierno de Tribunales Superiores o colegios de abogados han denunciado que estas comisiones "quiebran" la separación de poderes.

Pese a que desde el Grupo Parlamentario Socialista han querido matizar que en ningún caso las investigaciones sobre la 'operación Cataluña' o el espionaje con el programa Pegasus a líderes independentistas vayan a escrutar las actuaciones de juzgados y tribunales, la Sala de Gobierno del Supremo manifestó este lunes que el estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, "exige el absoluto respeto a la división de poderes".

No obstante, según la letra pequeña del texto registrado en el Congreso la creación de dichas comisiones de investigación parlamentarias tienen el objetivo de detectar supuestos casos de "guerra judicial" y, de ser así, que se deriven las "consecuencias" oportunas, lo que podría acabar en querellas por prevaricación contra jueces y magistrados, además de responsabilidades civiles a los afectados por estas presuntas prácticas y disciplinarias.

Además, los presidentes de los cinco órganos jurisdiccionales del Supremo, integrantes de la Sala de Gobierno, recordaron este lunes que el ejercicio de su función "se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley". Una referencia implícita a que la proposición de ley de amnistía se aleja de sus principios de actuación.

La presencia de Marchena, como presidente de la Sala Penal, en este comunicado oficial no es baladí, ya que en las próximas semanas tendrá que pronunciarse sobre el alcance del borrón penal a los 12 condenados a prisión en octubre de 2019 por el 'procés', y 20 meses después indultados de forma parcial por el Gobierno.

"Sometidos al imperio de la ley"

A la declaración institucional del Supremo se sumaron este lunes otros órganos similares de los TSJ, como los de Cantabria o Canarias, que van en línea con otros tribunales superiores de otras comunidades. Denunciaron que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política".

Una iniciativa, subrayan, que supone una "evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", más si cabe cuando los jueces "han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución". "Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder udicial, no son aceptables, ya que la actuación jurisdiccional es independiente, no actúa sometida a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías que aparta el riesgo que se apunta", concluyen los TSJ.

Por su parte, la International Bar Association (IBA), un colectivo global de juristas, también advirtió este lunes que el proyecto de ley de amnistía podría "erosionar de forma grave el estado de Derecho" en España y destacaron que la reacción de la comunidad jurídica española "ha sido unánime en su condena a cualquier ataque a la independencia judicial". "La IBA apoya sin fisuras todas las anteriores manifestaciones en un país que tiene una democracia sólidamente enraizada en la absoluta división de poderes", señaló.