Todas las claves de la futura ley de amnistía
Varias vallas colocadas a las puertas del Congreso de los Diputados, este lunes. MARISCAL / AGENCIA EFE
La proposición de ley orgánica de "amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" borra los delitos relacionados con el "procés" cometidos durante una década, exonera de forma expresa al expresident Carles Puigdemont y el resto de fugados y da un plazo de dos meses a los jueces para que la apliquen.
La ley, que aún no ha sido registrada en el Congreso, tiene dieciséis artículos y veintidós páginas, de las que la mitad están dedicadas a la exposición de motivos. En ella se subraya la necesidad y la constitucionalidad de la ley, se afirma que no afecta a la separación de poderes y se recalca que se respeta el principio de igualdad y de proporcionalidad.
Los beneficiados
La ley implica anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
Además de los dirigentes políticos independentistas, quedan cubiertos directores de colegios en los que se colocaron urnas del 1-O, alcaldes, manifestantes y agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Lo que se ‘normaliza’
La ley abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad, incluido el referéndum ilegal
Los excluidos
La norma excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en las directivas europeas, que abarcan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, así como los de torturas.
Queda así ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.
La referencia a Puigdemont y los fugados
No se menciona su nombre, pero sí se hace referencia directa a él al señalar que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión", así como "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", que afectan también a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Desvío de fondos
La propuesta también contempla el proceso del Tribunal de Cuentas contra 35 exaltos cargos
Las cargas policiales
La norma cubre de forma expresa las actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir el procés.
En la exposición de motivos se asegura que amnistiar las acciones delictivas que pudieran haberse cometido en defensa de la legalidad y del orden constitucional "no supone demérito o reproche alguno para los colectivos concernidos" ni implica criminalizar a los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público, sino que persigue aliviar su situación procesal.
La justificación
En la proposición se asume que la aplicación de la legalidad es "necesaria", pero "en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo", por lo que aboga por adaptar el Derecho al contexto político.
Se justifica la amnistía "por la convivencia democrática", "en aras del interés general" y "para la superación de un conflicto político".
La norma, se señala, aspira a "generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España".
Su encaje constitucional
El texto destaca que "la Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía", porque así lo quiso el constituyente de 1978 cuando abordó la amnistía de 1977, aunque sí prohibió expresamente los indultos generales. Sostiene que es "un mecanismo constitucional" en el que se garantiza que "todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional".
La aplicación
La ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los tribunales y los órganos administrativos y contables implicados, con casos vinculados al procés, deberán aplicar la ley con carácter "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses.
El "lawfare"
El "lawfare", la presunta persecución política desde los tribunales recogida en el acuerdo firmado por el PSOE y Junts y que ha suscitado el rechazo unánime de todos los operadores jurídicos, no aparece en la ley, que tampoco habla de posibles comisiones de investigación en el Parlamento que se mencionaban en ese pacto.
Recuerda la proposición que "el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley" y destaca que es precisamente una ley orgánica la que prevé los supuestos cubiertos por la amnistía, correspondiendo a los jueces y tribunales su aplicación.
El dinero
La amnistía no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción -lo que afecta, entre otros, al expresident Artur Mas- y tampoco exonerará de la responsabilidad civil frente a particulares.