Puigdemont se enfrenta a un escenario incierto para poder regresar a Cataluña
La imagen de Carles Puigdemont regresando a Cataluña tendrá que esperar. Siete años después de su huida escondido en el maletero de un todoterreno para evitar su detención en la causa del ‘procés’, la vuelta del expresidente catalán no va a ser tan inmediata como se preveía. Incluso podría demorarse más de un año pese a verse favorecido por la ley de amnistía. Un margen temporal que le permitiría, incluso, revalidar su escaño en el Parlamento Europeo en los comicios de junio de 2024, aunque todavía no ha confirmado si volverá a presentarse como número uno en las listas de Junts. Estos son los cuatro condicionantes que le mantendrán por ahora en la mansión de Waterloo, el centro de operaciones ubicado a 15 kilómetros al sur de Bruselas, donde se ha madurado el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.
La tramitación de la ley de amnistía
El registro de la proposición de ley de amnistía en el Congreso por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que supone el borrado penal de los implicados en la causa del ‘procés’ y sus derivadas, unas 400 personas, afronta una carrera de obstáculos antes de que el texto se publique en el BOE. Pese a que cuenta con apoyos parlamentarios suficientes en la Cámara baja para salir adelante, la batalla se ha trasladado al Senado.
El PP ha hecho uso de su mayoría en la Mesa de la Cámara alta para reformar el Reglamento con el objetivo de dilatar su tramitación urgente. Una «grave infracción que se aparta de la previsión constitucional», según denunció el PSOE, que ya ha anunciado un recurso ante el TC.
A priori, el Senado no podrá vetar la amnistía y, según el procedimiento de urgencia parlamentario, tendría un plazo máximo de 20 días para pronunciarse sobre la ley que le remitirá el Congreso.
Pero si transcurre por la vía ordinaria antes de que se pronuncie el Constitucional se iría a los dos meses. En cualquier caso, la tramitación de esta norma requeriría como mínimo un plazo de entre seis meses y, casi con toda seguridad, un año. Un periplo que, ateniéndose a los procedimientos de urgencia, el Congreso puede despachar en menos de dos meses como ocurrió con la derogación de la sedición.
Los jueces entran en acción Tras la publicación de la ley en el BOE comenzaría el plazo de dos meses que la norma da a los jueces para que hagan efectivas las exoneraciones para cada uno de los encausados, incluido Puigdemont. Está por ver si los togados que decidirán, caso por caso, sobre la situación del expresidente catalán y el resto de implicados, cumplirán con este margen. El pasado año, por ejemplo, el CGPJ sobrepasó en tres meses la ley que le obligaba a renovar en tiempo su terna de magistrados para el TC por la posición de bloqueo del sector conservador, pero no tuvo consecuencias. Además, la ley de amnistía introduce la eliminación de los «efectos suspensivos» de su aplicación en el caso de que los magistrados eleven consultas al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la UE para demorar sus decisiones. Por lo que el plazo de dos meses para aplicar la amnistía, en principio, estaría muy tasado.