El CGPJ justifica que el fiscal general hizo un uso «espurio» de su poder

Con una dureza inusitada, el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que justifica que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «no es idóneo» para el cargo le acusa directamente de haber hecho «una utilización tan espuria de sus importantes potestades» para nombrar a su antecesora Dolores Delgado como fiscal de sala (máxima categoría del Ministerio Público) cuando esta dimitió por motivos de salud en julio de 2022. Una designación que fue anulada la semana pasada por el Tribunal Supremo al considerar que se había producido una «desviación de poder» por parte del fiscal general a la hora de tomar esta decisión, ya que no valoró los criterios de mérito y capacidad del otro fiscal que aspiraba a la plaza en la Sala de lo Militar del alto tribunal, Luis Rueda, quien impugnó el nombramiento de Delgado. El informe no vinculante conocido este viernes, que fue aprobado ayer por el Pleno del Consejo con el voto favorable de ocho vocales contra siete y una abstención, sostiene que la mencionada sentencia del Supremo, dictada por la Sala de lo Contencioso el pasado 21 de noviembre, «anula el nombramiento con el argumento tan evidente como acreditado de que en el mismo se había incurrido en el vicio de desviación de poder».

Y añade que la Sala sentenciadora, atendiendo a la prueba, zanja «que la potestad de designar a la nueva fiscal de Sala no era propiamente hacerlo en quien concurrían los mejores requisitos de mérito y capacidad, sino en un a modo de gratitud del candidato propuesto hacía la designada y en correspondencia con un pretendido deber institucional, pese a reconocer que dicho nombramiento no era el legalmente procedente, como se razona con suficientes argumentos en la sentencia».

Tras el análisis de la resolución de la Sala del Supremo presidida por el magistrado Pablo Lucas —el mismo que firmó la sentencia que el jueves anuló también el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir los requisitos de jurista de reconocido prestigio—, el informe del CGPJ concluye que «no parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al Fiscal General del Estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento».