Sánchez cruza otra línea roja y entrega a EH Bildu la Alcaldía de Pamplona
El acuerdo de los nacionalistas con el PSOE desaloja a UPN y Feijóo le espeta que ya es «imposible» acordar nada
Menos de siete meses después de las elecciones municipales del 28-M y apenas uno desde su investidura, Pedro Sánchez ha cruzado otra línea roja que afianza el entendimiento del PSOE con EH Bildu, acomodada paulatinamente a la normalidad política e institucional tras la disolución de ETA, y engrosa las concesiones con las que el presidente del Gobierno engrasa su estrategia de alianzas frente a la derecha con el conjunto del soberanismo catalán y vasco.
En un acuerdo inédito, los socialistas navarros han reproducido, de vuelta, el acuerdo que ha permitido a Sánchez retener la Moncloa siendo segunda fuerza al aliarse con la coalición de Arnaldo Otegi para desalojar a la alcaldesa de UPN de Pamplona, Cristina Ibarrola, y aupar al cabeza de lista abertzale, Joseba Asiron, al Ayuntamiento que ya dirigió entre 2015 y 2019.
La operación irrumpe en un contexto en combustión por la ley de amnistía y siembra con todavía más escollos la reunión pendiente entre Pedro Sánchez y un Alberto Núñez Feijóo que da por «imposible» acordar nada con su rival tras el «pacto encapuchado».
El vuelco pamplonés, justificado por sus impulsores por «la parálisis» de la ciudad y que ha llevado a UPN a romper relaciones con los socialistas —Ibarrola tildó de «miserable» que estos otorguen semejante poder a «los herederos de ETA»—, ha arreciado el vendaval que azota la política española tras el ciclo electoral.
El líder del PP cree acreditado que la operación forma parte de una entente entre Bildu y Sánchez que aleja, aún más, toda posibilidad de alcanzar pactos en esta legislatura. Ambos líderes tienen pendiente una reunión con la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial como trasfondo.
EH Bildu, que recuperará Pamplona en el pleno del próximo 28 de diciembre, fue el único partido soberanista que no condicionó la investidura de Sánchez a ninguna contrapartida concreta —al menos públicamente—, aunque sí obtuvo a lo largo del proceso negociador algo de alto valor simbólico: la primera imagen de un presidente de Gobierno español reuniéndose formalmente con sus cargos; en este caso, su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, condenada en su día a un año de cárcel por vinculación con el terrorismo, y su homólogo en el Senado, Gorka Elejabarrieta. Arnaldo Otegi y los suyos, que libran una dura competencia electoral con el PNV con las elecciones vascas en el primer semestre de 2014, siempre aseguraron que respaldarían la reelección del candidato socialista para frenar el avance de la «extrema derecha» de Vox de la mano del PP.
Pero el futuro del Ayuntamiento pamplonés, un pilar en el imaginario ideológico abertzale que aspira a la unificación del País Vasco y Navarra, afloraba en trastienda de esa supuesta falta de contraprestaciones. Máxime cuando Bildu volvió a permitir con su abstención la presidencia foral de María Chivite y cuando, siendo primera fuerza en Vitoria y en la Diputación foral de Guipúzcoa, no gobierna en ninguno de los dos lugares por el pacto de los socialistas con el PNV que contó con el decisivo apoyo del PP. El PSN y el PSOE evitaron dar el salto que han protagonizado ahora tras el 28-M para no enturbiar la campaña de Sánchez hacia las generales adelantadas al 23-J.