El CGPJ aprobará una declaración contra las acusaciones de ‘lawfare’
Los nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido al presidente del órgano, Vicente Guilarte, que se incluya en el orden del día del Pleno del jueves de la semana que viene un pronunciamiento expreso en contra de los ataques a jueces y magistrados a cuenta de las acusaciones de lawfare que en los últimos días se están redoblando desde el mundo independentista y muy en particularmente desde Junts.
Pero no solo, además quieren que en el seno del CGPJ se haga un «examen de las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes poderes del Estado», particularmente «sobre legalidad de las comisiones Parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los jueces».
Los consejeros Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona justifican su petición en «el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial». Por ello, exigen de este CGPJ «un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho».
En los últimos días, varios vocales habían planteado redactar un informe con razones jurídicas que respalde a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer en las comisiones parlamentarias, una propuesta que ha tenido buena acogida interna, por lo que el CGPJ ya estudia la posibilidad de elaborarlo, según las citadas fuentes.
Estos movimientos tienen lugar después de que el Congreso de los Diputados acordara el pasado martes crear tres comisiones de investigación para indagar en la denominada ‘Operación Cataluña’, los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y el espionaje a los independentistas con el programa ‘Pegasus’.
El más duro ataque de los últimos días desde el independentismo a los togados tuvo lugar el martes por boca de la diputada de Junts Miriam Nogueras en el Congreso. Allí, aludió a «personajes oscuros» que son «cómplices de la politización de la Justicia».