Los cayucos abandonados inundan las islas Canarias
Unos 300 barcos muy contaminantes están siendo destruidos
Varios operarios sacan del muelle de la Restinga los cayucos acumulados. GELMERT FINOL
El incremento exponencial durante este 2023 de llegadas de inmigrantes a Canarias —con 37.187 arribados hasta el 15 de diciembre (un aumento del 140% con respecto al año pasado)— está teniendo una derivada hasta ahora inédita: la complicada y costosísima gestión de los centenares de cayucos abandonados que inundan las islas y puertos del archipiélago.
La situación, a pesar de los esfuerzos de la administración central y del Gobierno canario, sigue siendo muy complicada en los dos puntos donde se acumulan la mayoría de estas embarcaciones que pueden llegar a medir 30 metros de eslora y cuatro de manga: los puertos de La Restinga en El Pinar de El Hierro y el de Arinaga en Gran Canaria, a donde han sido llevados muchos de los barcos arribados a El Hierro.
Y es que la incesante llegada de nuevos cayucos a las islas, también durante el otoño, casi iguala el ritmo de destrucción y gestión de residuos de estos barcos. Hasta el pasado 15 de diciembre habían llegado 561 barcas (una media de 1,7 embarcaciones por día), frente a las 344 arribadas en idéntico periodo de 2022.
Este incremento de un año para otro del 63% de cayucos abandonados llegó a provocar que en octubre, según un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), hubiera en las islas cerca de 300 barcos pendientes destruir y que «ocupan espacios en playas, costas y puertos, ocasionando graves perjuicios tanto al tráfico marítimo interinsular como al medioambiente». El problema -explican responsables del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil- es que estos barcos, en su mayoría, contienen fibra de vidrio, un elemento muy contaminante y cuyo tratamiento es muy caro.
La última licitación de urgencia del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska de este otoño, a cuya documentación ha tenido acceso este periódico, contemplaba un desembolso de entre 595 y 890 euros por solo el desguace (que no gestión de los restos) de cada uno de los cayucos, con un plus de 50 euros por metro adicional por encima de los seis metros. O sea, solo desmontar uno de los cayucos de grandes dimensiones de los que están llegando en esta oleada puede llegar a los 2.000 euros. Harina de otro costal es la compleja gestión de esos residuos.
El pasado 28 de noviembre el Consejo de Ministros tuvo que aprobar de urgencia una partida de 797.016 euros para gestionar la «destrucción, carga y transporte» de los cayucos exclusivamente de La Restinga. El propio Gobierno admitió oficialmente que el «aumento notable del número de embarcaciones que han llegado de forma irregular» a El Hierro, había llegado a provocar el «colapso de los medios materiales existentes para su retirada y destrucción».
El principal problema - explican fuentes de Interior- es el sobrecoste de este operativo, provocado por el hecho de que en El Hierro, la isla a la que están llegando la mayor parte de los cayucos de esta oleada, no tiene plantas para el tratamiento de la fibra de vidrio, por lo que hay que llevar las barcas (o enteras o desguazadas) a otros puntos para acabar el proceso.
Tras esta inyección económica, a la que se sumó el adelanto de 1,5 millones de euros para la destrucción de barcas en todo el archipiélago, en las primeras semanas de diciembre se han retirado de los espacios públicos 155 cayucos, 75 del puerto de La Restinga y 80 del puerto de Gran Canaria (Arinaga), y buena parte de ellos ya ha sido destruidos, Sin embargo, la situación, no está, ni mucho menos, resulta. Y es que solo en el último mes computado (de 15 de noviembre a 15 de diciembre) han arribado a Canarias 86 embarcaciones a pesar del empeoramiento de las condiciones del mar.
El propio ministro de Política Territorial, y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado que en 2024 el Gobierno quiere aprobar el desembolso de otros 5,3 millones para el desguace y tratamiento de estas embarcaciones ante la perspectiva de que la oleada de cayucos continúe. La Agencia de Protección del Medio Natural de Canarias ya ha avisado de que se enfrenta a una multa de 300.000 euros.