Ribera y Puente abren una nueva brecha con los jueces tras criticar al juez García Castellón

El Gobierno ha expresado su respeto por la independencia judicial después de que los ministros de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Transportes, Óscar Puente, hayan cuestionado al juez Manuel García-Castellón por mantener que hay que investigar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont.

Ribera ha afirmado que las acciones del magistrado «tienen una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles» después de que éste se reafirmara en que hay que investigar por terrorismo a Puigdemont, lo que ha desatado un aluvión de críticas en el PP. Poco después, ha sido el titular de Transportes, Óscar Puente, el que señalaba que si bien el Gobierno tiene «mucho respeto por el Poder Judicial», «hay algunas cosas, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención».

Tras el aluvión de críticas del PP por estas declaraciones de la vicepresidenta cuarta, Puente ha recordado que hace unos días ellos dijeron que el Tribunal Constitucional «no es un órgano imparcial». Desde el Partido Popular han cargado contra el Gobierno por insinuar que Manuel García Castellón es un juez prevaricador además de señalar, como ha hecho su portavoz, Borja Sémper, que el ataque del Ejecutivo a la división de poderes «y a la defensa» de los políticos independentistas sigue adelante «a costa de nuestro Estado de derecho».

«Pone voz al lawfare»

En esa misma línea, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que «el sanchismo asume el discurso independentista de que la justicia no es imparcial» y Ribera «pone voz a los que dicen que en España hay ‘lawfare’». A estas denuncias se ha sumado también la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que ha exigido al Gobierno que desautorizara a Ribera y las de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que «tratar a la justicia española como si fuera una república bananera expulsa la inversión y mata la creación de puestos de trabajo».

Desde Moncloa, han tratado de contener las críticas al reiterar su respeto institucional al Poder Judicial y a la independencia de los jueces y subrayando que el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta alguna de ellas. También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha manifestado de manera similar al asegurar que el Gobierno guarda un «respeto inquebrantable» hacia la independencia judicial y que respetará las resoluciones del juez García-Castellón, como hace con todas.

Algo parecido ha dicho el responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al apuntar que el procedimiento judicial está reglado y, por tanto, «basado en la Constitución y en las Leyes».

De este modo, ha recalcado que su posición no puede ser otra que de respeto a la justicia, tanto de manera genérica como en la causa relativa a Puigdemont. Desde el ámbito jurídico, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha condenado las críticas vertidas contra García-Castellón: «Señalar a jueces sólo genera desconfianza en la ciudadanía», ha advertido la asociación profesional. «Los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política», ha explicado esta asociación, que ha precisado que los pronunciamientos judiciales, en un caso como este, obedecen a una petición de las partes, ya que el juez da respuesta a un recurso y, si no lo hiciera, «estaría cometiendo un delito». «Resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del Gobierno parezca desconocer cómo funciona la Justicia», ha lamentado.