Bolaños no descarta más cambios en la ley de amnistía para salvar a Puigdemont

No es fácil que el Gobierno acepte ya ninguna modificación en la ley de amnistía, pero tampoco imposible. El martes, después de pactar con Junts y ERC una enmienda que acota los delitos de terrorismo excluidos de la norma para tratar de blindar a Carles Puigdemont y otros investigados por el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, el mensaje fue diáfano: la ley está «cerrada». Un día después de que el magistrado pusiera en duda que el cambio pactado por el PSOE con los independentistas cubra al expresidente de la Generalitat, sin embargo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, evitó expresarse con idéntica contundencia. «El texto ha salido de la comisión de justicia del Congreso y falta la votación en pleno que se producirá el próximo día 30», describió el principal negociador del Ejecutivo, en una comparecencia en Bruselas. «¿Pero no se va a cambiar?», se le inquirió. «El próximo día 30, en el pleno se votan las enmiendas que están vivas y ahí —añadió evitando una respuesta directa y contundente— se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y se incorpora».

En esta fase de la tramitación no es posible ya transaccionar enmiendas, es decir, los grupos no pueden presentar una nueva redacción que dé satisfacción a distintas partes sobre alguna de las propuestas de modificación presentadas originalmente salvo —y en este caso es imposible que eso se dé— que se acepten por unanimidad. En el pleno, pues, solo se votan las enmiendas no aceptadas en el debate en comisión. Tanto Junts como ERC tienen varias que, dicen, garantizarían una «amnistía integral» y han dejado clara su intención de presionar al PSOE hasta el final.

Seguridad jurídica

La enmienda relativa al terrorismo resultaría, ‘a priori’, imposible de asumir para los socialistas, que, oficialmente, siempre han supeditado cualquier cambio a un refuerzo de la «seguridad jurídica» que asegure que la ley supera todos los filtros tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, esgrimen que era eso lo que pretendía la polémica enmienda del martes.

Inicialmente, la ley excluía de la amnistía los delitos de terrorismo en el caso de hubiera sentencia firme. Bajo ese epígrafe también quedaban cubiertos todos los investigados por García-Castellón, porque no existe tiempo material para concluir el procedimiento antes de abril, cuando previsiblemente entrará en vigor la norma. Pero los independentistas temían que el tribunal de garantías considerara que el planteamiento vulneraba el principio de igualdad al distinguir entre unos procesados (los que ya tenían sentencia) y otros. La propuesta que puede votarse en el pleno pretende eliminar directamente el terrorismo del catálogo de delitos que quedan excluidos de la ley.

Pero hay más enmiendas de Junts y ERC que afectan a otros apartados de la norma y que aún están sobre la mesa, entre ellas, una que busca ampliar el marco temporal de la amnistía a noviembre de 2011 (dos meses más) para amparar a los independentistas ante las actuaciones indagatorias del Tribunal de Cuentas o una que pretende que las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces ante el TJUE impida retrasar la aplicación de la medida.

Bolaños subrayó que «el PSOE está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el PSOE». La frase es suficientemente confusa como para interpretar cosas contrapuestas: que ya no va a haber cambios o que los socialistas pueden acordar dar su apoyo a alguno de los textos que sus socios volverán a plantear en el pleno. Fuentes de Junts aseguran, no en vano, que siguen negociando y vaticinan: «Nos iremos al lunes casi seguro»