PSOE y PP mantienen sus líneas rojas sobre el CGPJ

El Gobierno y el PP emprendieron este miércoles el enésimo intento de desbloquear la renovación del CGPJ, tras cinco años con el mandato caducado y en esta ocasión bajo la insólita mediación de Bruselas. Un camino lleno de obstáculos y no exento de recelos, que ambas partes deberán superar si quieren sellar un acuerdo en el plazo máximo de dos meses, como estableció el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, tras aceptar el arbitraje. Aunque socialistas y populares dicen tener voluntad de un acuerdo, a día de hoy mantienen sus líneas rojas y disienten en cómo debe materializarse.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que primero debe renovarse la actual nómina antes de cualquier cambio en el sistema de elección de los jueces y juristas que conforman el CGPJ, mientras que los de Alberto Núñez Feijóo insisten en que la actualización y la reforma de la ley que garantice la independencia del modelo judicial español tienen que ser «simultáneas». O todo o nada. «Mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada», aseguró Feijóo. De fondo subyace la desconfianza hacia el Gobierno, que, según subrayan los populares, ya les engañó una vez «pero no habrá una segunda ocasión». Fue en octubre de 2022, con el pacto casi ya cerrado, cuando los conservadores se enteraron de que Sánchez se disponía a acometer una reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’. Félix Bolaños, el ministro al frente de las negociaciones, les había asegurado que el Ejecutivo no pensaba abolir ese ilícito. El acuerdo saltó por los aires. A falta de la rúbrica, PSOE y PP habían acordado no solo la correlación de fuerzas del nuevo CGPJ sino también los nuevos criterios de «idoneidad» para garantizar una mayor despolitización