La mayoría conservadora del CGPJ pretende reprobar hoy a Armengol
El silencio de la presidenta del Congreso ante los socios del PSOE agudiza el choque entre poderes
El Consejo General del Poder Judicial reúne este lunes por la tarde a sus actuales 16 integrantes en un pleno extraordinario que, esta vez, abre la puerta a un hecho insólito, otro más en una legislatura condicionada por la promoción de la ley de amnistía y, derivadas de ella, las comisiones parlamentarias sobre el ‘lawfare’, la supuesta guerra sucia del Estado de derecho español contra el independentismo catalán.
La mayoría conservadora ha forzado la sesión plenaria para que el órgano de gobierno de la Judicatura ponga pie en pared ante el señalamiento por los socios del presidente Sánchez, el pasado martes en el Congreso, de los magistrados que intentan poner coto a la exculpación, singularmente, de Carles Puigdemont, pero con una salvedad sin precedentes: el pronunciamiento que se busca pretende reprobar a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, por su «aquiescencia y mutismo» ante la catarata de críticas a los jueces. Así reza la petición del cónclave extraordinario, con un único punto en el orden del día, trasladada el miércoles al presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, por los nueve vocales adscritos al bloque conservador: José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Francisco Gerardo Martínez, José María Macías, Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea. A la espera de conocer el contenido más amplio del requerimiento de este sector del CGPJ -fuentes del órgano auguran que, ante la constatación de que el texto no se ha distribuido estos días, habrá un debate previo sobre si en estas condiciones cabe afrontar el pronunciamiento solicitado-, los promotores del pleno aportan informaciones periodísticas en las que se recogen las acusaciones vertidas por los portavoces de Junts, ERC, Bildu, Sumar y Podemos contra la Judicatura. Más en concreto, contra los magistrados Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre por sus investigaciones sobre Carles Puigdemont por presunto terrorismo y alta traición al Estado. Ninguno de los cargos a los que se refiere la iniciativa de los vocales conservadores del Consejo recibió admonición por parte de la presidencia del Congreso.