Sánchez abre la vía a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Pedro Sánchez insiste en cerrar la puerta a los cambios exigidos por Junts en la proposición de ley de amnistía para que tanto los delitos de terrorismo como los de traición y contra la paz o la independencia del Estado puedan verse amparados por la norma sin ningún tipo de restricción. Pero este lunes puso encima de la mesa una propuesta alternativa con la intención de convencer a la formación independentista de que apoye la norma tal cual está: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para limitar los plazos durante los que los jueces pueden mantener abierta una instrucción.

La oferta llega después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el juez del Juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acordaran hace unos días sendas prórrogas de sus investigaciones sobre causas que afectan a Carles Puigdemont, la de ‘Tsunami Democrátic’ y la de la trama rusa. El presidente del Gobierno hizo referencia, aun sin citarlos de manera expresa, a la actuación de estos dos jueces a los que Junts acusó abiertamente de prevaricación en el pleno de la semana pasada, en el que decidió votar en contra de la ley de amnistía para forzar una nueva negociación en la comisión de justicia. «Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas», replicó, en una entrevista en La Sexta, a la pregunta expresa de si se plantea modificar la citada ley procesal. «Hay un elemento que hemos visto estas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión», alegó.

La idea que baraja el Ejecutivo es, según adelantó ‘La Vanguardia’, modificar el artículo 324 de LeCrim para volver a la reforma realizada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, muy criticada en su momento tanto por las asociaciones judiciales y fiscales como por el resto de formaciones políticas, que atribuyeron el cambio a un deseo de limitar la acción judicial sobre los casos de corrupción que en aquel momento salpicaban al PP.

Paradójicamente, fue el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos el que en 2020 impulsó la actual redacción, que, además de atribuir a los jueces, y no a los fiscales, la responsabilidad de controlar los plazos de instrucción, eliminó el límite máximo de 18 meses ampliable a otros 18 para causas consideradas «complejas» y de seis meses en el caso de las ordinarias. Tal y como está ahora la ley, las instrucciones duran 12 meses, pero el juez puede prorrogarlas de seis en seis meses de manera indefinida, de oficio o a instancia de las partes.

Que la medida sea suficiente para Junts está por ver. Entre otras cosas, porque no tendría ningún efecto sobre las prórrogas ya anunciadas por García Castellón y Aguirre. De momento, quien sí la ha acogido bien es Esquerra.