Fiscales llevan a Ortiz ante el TS en pleno lío por el borrado del ‘procés’

El pulso entre el fiscal general del Estado y sectores de la carrera, intensificado a raíz de la tramitación de la ley de amnistía, escribió este viernes un nuevo episodio que involucra de nuevo al Tribunal Supremo. La Asociación Independiente y Profesional de Fiscales (APIF) ha decidido recurrir el nombramiento de Álvaro García Ortiz para el cargo al considerar que «no es idóneo» para ocupar el escalafón más alto de la institución, especialmente tras la sentencia del Supremo en la que se le atribuye «desviación de poder» y su reciente decisión de vetar la elaboración del informe sobre la proposición de ley de amnistía solicitado por el Senado a instancias del PP.

En concreto, el recurso presentado por la asociación ante la Sala de lo Contencioso del alto tribunal es contra el real decreto del pasado 27 de diciembre por el que el Gobierno reeligió a García Ortiz. Los fiscales ponen como ejemplo algunas de sus actuaciones desde que fue nombrado para el cargo en 2022, como el hecho de que el Supremo haya anulado el ascenso de Dolores Delgado —su predecesora y mentora— a fiscal de sala (la máxima categoría de la carrera), un nombramiento a propuesta suya en la que el Supremo ve la citada «desviación de poder»; es decir, uan suerte de enchufismo.

Política de nombramientos Un varapalo al fiscal general que volvió a poner en tela de juicio la política de nombramientos del Gobierno de Pedro Sánchez para cargos con responsabilidades. En este sentido, la APIF también recuerda que todavía queda otro recurso en el Supremo que busca anular la designación de Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cuyo fallo está fijado para el próximo 12 de marzo. Asimismo, los fiscales recuerdan en su comunicado de ayer que tan solo un mes después de eso, en noviembre, el CGPJ se pronunció sobre la designación de García Ortiz concluyendo —por primera vez en democracia— que el actual fiscal general es «inidóneo» para el cargo. Un pronunciamiento inusual al tratarse de un órgano que suele avalar, aunque a veces con fisuras, a los candidatos a fiscal general propuestos por la Moncloa.

El recurso presentado ante el Supremo cumple con lo acordado por los fiscales en una reunión también en noviembre, cuando sostuvieron que el fiscal general se había mostrado «descaradamente parcial» por su apoyo al Gobierno a la par que había omitido cualquier obligación debida a la institución y los fiscales «faltando al respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de algunas de sus potestades decisorias». «Ni talante, ni convicción» «El Estado de derecho en España ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. Consideramos que el presente fiscal general no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado», reza la contundente nota.

El recurso —que podría ser presentado también por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF)— se produce en un momento especialmente convulso dentro de la Fiscalía. Esta misma semana, los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo tumbaron la ponencia del fiscal Álvaro Redondo favorable a no investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. La amplia mayoría del órgano consideró, por el contrario, que sí hay indicios para que el alto tribunal asuma la investigación que proviene de la Audiencia Nacional. La polémica fue mayúscula porque en los prolegómenos de esta deliberación se conoció que el fiscal ponente preparó un borrador previo en el que sí informaba a favor de investigar al expresidente catalán.

La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa que está de visita en Madrid para emitir un informe sobre la ley de amnistía, ha preguntado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el informe del Senado al Consejo Fiscal, que él se negó a tramitar por no tener competencias.

Fuentes jurídicas han informado que el fiscal general ha dado cuenta detalladamente de toda la cuestión relativa al informe del Senado, les ha entregado las dos peticiones que remitió la cámara baja y ha explicado donde y cómo tendría que intervenir el Ministerio Público en caso de que la ley de amnistía se aprobase.

García Ortiz ya comunicó al Senado que el Consejo Fiscal carece de competencias para emitir informes sobre proposiciones de ley en tramitación, como la de amnistía, y hacerlo supondría alternar el funcionamiento de la institución e «invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía».

Más tarde, la delegación europea se ha reunido con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que ha accedido a mantener un encuentro «por razones de cortesía institucional».

Ahora bien, durante la reunión, a petición de la Comisión como todas las que la delegación ha mantenido en Madrid, no se ha planteado ninguna cuestión relativa al contenido o la tramitación de la ley de amnistía, según informa la corte de garantías.

Conde-Pumpido ha explicado que el Tribunal Constitucional, no puede, en el momento actual, realizar ningún pronunciamiento sobre cuestiones referidas a este asunto en tanto que la ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento y no existe ningún recurso contra la misma ante el tribunal.