La Audiencia Nacional rechazó asumir las causas contra el narcotráfico

La Audiencia Nacional cerró la puerta hace solo tres años a la posibilidad de asumir las grandes causas para combatir al narcotráfico en el Estrecho. Un fenómeno criminal que ha vuelto a la agenda política con toda su crudeza tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero, al ser arrollados de forma intencionada la zódiac en la que iban por una potente narcolancha de 14 metros de eslora. Las reuniones que mantuvieron a principios de 2020 altos cargos del Ministerio del Interior con jueces y fiscales del tribunal central y de Antidroga no fructificaron por diferentes motivos, según explican fuentes conocedoras de aquellos encuentros.

Desde aspectos técnicos y de interpretación legal sobre las competencias jurisdiccionales de la Audiencia hasta asuntos meramente organizativos o de carga de trabajo de los seis juzgados de instrucción y de las cuatro secciones (tribunales) penales existentes. Desde Interior se transmitió en vano a sus interlocutores la radiografía de la lucha contra los clanes de la droga en el Estrecho y la necesidad de que interviniera la Audiencia. Trataron la creación de la unidad especial de la Guardia Civil OCON-Sur en el Campo de Gibraltar, en julio de 2018, que permitió recuperar en pocos meses el principio de autoridad y la iniciativa contra este crimen organizado. Pero tras una evaluación de este operativo en febrero de 2020 se observaron importantes carencias en la respuesta judicial. La Audiencia Provincial de Cádiz, responsable de juzgar estos sumarios, ya estaba entonces desbordada. De las ocho secciones existentes solo una se encuentra en Algeciras, en cuyo puerto se encontraba desplegado OCON-Sur. Solo en este partido judicial, por ejemplo, se tramitan unos 700 asuntos al año sobre tráfico de estupefacientes.