El juez prohíbe salir de España al exasesor de Ábalos, Koldo García

Koldo García Izaguirre, quien fue la sombra del exministro José Luis Ábalos y su hombre de confianza, quedó este jueves en libertad provisional tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Junto a él, los otros tres detenidos que pasaron a disposición judicial en la denominada ‘operación Delorme’ también salieron en libertad. El presunto cabecilla se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción no pidió prisión preventiva para ninguno y reclamó, eso sí, medidas cautelares tanto para el exasesor de Ábalos como para el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe. En concreto, comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional. El juez aceptó estas solicitudes. El otro detenido que pasó por el juzgado fue Joseba García, hermano de Koldo, a quien no le impusieron ninguna restricción de carácter personal. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomaron declaración a otros diez detenidos entre el martes y el miércoles y les dejaron en libertad a la espera de ser citados por el juez. Entre ellos están la mujer de Koldo García, Patricia Úriz —excargo del PSOE navarro a quien el partido ha suspendido de militancia— un guardia civil o el empresario Rogelio Pujalte, propietario de un depósito judicial en Librilla (Murcia) y con inversiones en Alicante. Le intervinieron diversas facturas en los registros y alrededor de 100.000 euros en metálico en el depósito judicial. Su arresto guardaría relación con las negociaciones vinculadas a la construcción de una incineradora de drogas en la región murciana, según fuentes de la investigación. La causa sigue bajo secreto porque podría haber nuevas detenciones, pero los datos conocidas hasta ahora indican que tanto Koldo García como Víctor de Aldama serían los presuntos cabecillas de una trama de cobro de abultadas comisiones por la compra de material sanitario en el peor momento de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, realizada por los ministerios de Interior y Transportes -la otra denominación de Fomento en la etapa de Ábalos (2018-2021)- y de las comunidades de Canarias y Baleares, entonces bajo presidencias socialistas.

Los contratos adjudicados por estas administraciones suman unos 53 millones, de los que se sospecha que la trama se pudo embolsar en comisiones unos quince millones.