La compleja ejecución de la amnistía asoma al Gobierno a una agonía por tiempo impreciso

Lo avisó Podemos ‘sotto voce’ cuando aún se sentaba en el Congreso de Ministros: esta puede acabar siendo «la legislatura de la amnistía» arrinconando el programa social del Gobierno. La coalición que comanda Pedro Sánchez hoy junto a Sumar lleva desde el 23-J, cuando las urnas otorgaron siete escaños decisivos a Junts, sin poder impedir que la ley llamada a borrar la huella delictiva del ‘procés’ se adhiera a todo como chicle en el pelo. El Gobierno ansía haber cortado ese mechón con la nueva alianza ‘in extremis’ con Junts y ERC que permitió el jueves desencallar la norma en el Congreso, obligada a fin de que la legislatura, ahora además con la mácula corrupta del ‘caso Koldo’ y con la alarma añadida para el PSOE del fiasco en las elecciones gallegas, no colapsara. Pero no será tan sencillo.

Sánchez ha vuelto a sacrificar en el altar de la continuidad de su mandato su palabra y la de los suyos, que habían negado que fueran a cambiar una coma de lo ya acordado sobre la exoneración de los delitos de terrorismo y han acabado ajustando su definición y la de la traición al Estado a los estándares de la directiva de la UE de 2017, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los criterios de la ONU. Esta remisión al Derecho Internacional, eliminando la referencia al Código Penal español, pretende blindar a Puigdemont ante la causa penal que le ha abierto la Sala de lo Penal del Supremo por supuesta responsabilidad terrorista en el ‘caso Tsunami Democràtic’ y ante la instrucción de un juez de Barcelona del ‘caso Voloh’ sobre los contactos con Rusia.

Pero una cosa es felicitarse por haber hallado una salida aparentemente ocurrente para desbloquear la ley que amarra el apoyo del independentismo y otra que al Gobierno vaya a evaporársele el quebradero de cabeza de una amnistía cuya enrevesada e ignota ejecución individualizada -372 beneficiarios según su cálculo y un millar en el de Junts, repartidos en distintos órganos jurisdiccionales y el Tribunal de Cuentas- se asoma a una agonía por tiempo indeterminado que ninguna de las fuentes consultadas se atreve a precisar.

Entre los de Carles Puigdemont, que cargan contra los jueces «prevaricadores», admiten que el calendario es «imprevisible». Un ministro constata que el emblema de la amnistía —el libre regreso del expresident a Cataluña— constituye un asunto «muy complejo» y duda de que llegue a consumarse «este año». Y un juez, penalista en ejercicio, augura que todo el proceso podría irse incluso a bien adentrado 2025 si el Supremo eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y éste la admite a trámite. Lo que detendría, hasta que resuelva, las exculpaciones de Puigdemont y de Oriol Junqueras, con potencial arrastre sobre el resto de expedientes. A lo que se suma que una cuestión de inconstitucionalidad posterior del propio Supremo ante el TC también tendría efectos suspensivos hasta que se despeje, remata una catedrática en la materia, por más que la amnistía transite por una «una zona oscura» para intentar soslayar los recursos, en palabras de los secesionistas.

«El Supremo va a intentar dilatar la ley por todos los medios», constata un cargo de ERC. En un escenario ideal para el Gobierno y sus socios, la norma que se prevé que el pleno del Congreso apruebe este jueves 14 quedaría refrendada definitivamente y publicada en el BOE a finales de mayo, una vez superados los dos meses de calvario en el fortín del PP en el Senado. Los jueces han de aplicar la exoneración de los delitos del ‘procés’ en un plazo máximo de dos meses más, bien de oficio bien porque se lo requieran los encausados. Lo que supondría, agotando las previsiones legales, que la amnistía cristalizaría terminando julio, cuando Junts confía en que Puigdemont pueda retornar. Pero este trámite limpio de espinas es «inverosímil», según las fuentes consultadas.