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Madrid

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Los jueces y magistrados están llamados a ejecutar la proposición de ley de amnistía que el Congreso ha aprobado este jueves —y que aún tiene que pasar por el Senado—, pero en caso de dudas sobre su aplicación podrán consultar al y al Tribunal de Justicia de la UE, frenando con ello la aplicación inmediata del perdón a los casos que tengan entre manos. En el plano nacional, podrán plantear cuestiones de inconstitucionalidad en el TC si creen que la amnistía no tiene cabida en la Carta Magna. Este movimiento provocará que el caso concreto quede paralizado hasta que dicho tribunal resuelva. También podrán formular una cuestión prejudicial ante el TJUE si advierten un choque con las normas comunitarias, lo que tendrá el mismo efecto, esto es, dejar en barbecho el caso donde se plantee hasta que Luxemburgo responda.